Un conflicto jurídico de primer nivel. Después de que el Gobierno haya vetado a los consellers nombrados por el presidente Quim Torra, Drets advierte que emprenderá medidas legales contra el ejecutivo de Rajoy si mantiene su negativa. Drets, que forma parte de las entidades que han puesto el grito al cielo por el veto, está preparada para llevar al Gobierno a los tribunales.

Así lo ha advertido su presidente, Sergi Blàzquez, que ha exigido que el nombramiento de los consellers se publique al Diari Oficial de la Generalitat. El presidente de la entidad, en una conversación en 8TV, ha insistido en que el nombramiento de los consellers se enmarca en la legalidad vigente y que lo establecido por ley es que se publique en el diario oficial en un plazo de 10 días. De esta manera, Rajoy —en calidad de jefe del ejecutivo catalán en aplicación del 155— tendría pues hasta el martes 29 para publicar el decreto.

Blàzquez ha recordado que los consellers tienen su derecho político "intacto", tal como ya han apuntado las instancias judiciales españolas en varias ocasiones, y, por lo tanto, pueden ejercer de consellers. "La viabilidad o no lo tiene que decidir el presidente de la Generalitat, o en todo caso la ciudadanía catalana con su voto, no un subsecretario del gobierno español", ha sentenciado el presidente de Drets.

Rajoy "prevarica"

Drets es una de las asociaciones que dio apoyo al manifiesto que contó con el apoyo de ocho entidades de juristas y abogados que censuraba la decisión del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de impedir el nombramiento de los consellers restituidos y mantener la vigencia del artículo 155. Los profesionales ya advirtieron que Rajoy se estaría saltando leyes fundamentales.

Blàzquez va un paso más allá y asegura que se podría hablar incluso de prevaricación "por omisión en caso de que el gobierno español no lo publique en el plazo de diez días que marca la ley", aunque también ha señalado que Rajoy todavía podría reconsiderar su decisión.

Los juristas ya advirtieron el pasado sábado que el ejecutivo español, tomando esta decisión, se saltaba aquello establecido por la Constitución, el Estatut y la Ley de Presidencia catalana, y que el gobierno español tiene la obligación legal de firmar el decreto.