La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha trazado este martes en la conferencia "Més drets, més oportunitats" celebrada en Barcelona las líneas maestras de cómo distribuirá su conselleria los fondos europeos que le corresponden. Concretamente, el departament recibirá del programa europeo 1.037 millones de euros, que constarán de dos grandes ejes: invertirán 640 millones de euros entre 2022 y 2026 —es decir, el 61,7% del total— en políticas de vivienda, mientras que los 397 restantes irán destinados a actuaciones "en el ámbito de atención a las personas". En acciones sobre vivienda, destaca la construcción de entre 3.200 y 4.000 viviendas sociales o la rehabilitación de 65.000 domicilios.
En su intervención, Cervera ha puesto énfasis en el hecho de que estos recursos tienen que servir para pilotar el "cambio de paradigma" que quieren incentivar desde Drets Socials: "Catalunya tiene que transitar del asistencialismo hacia un nuevo modelo de derechos sociales, que facilite las herramientas y las condiciones para que los ciudadanos dispongan de oportunidades para desarrollar su proyecto vital donde quieran y como quieran". En opinión de la consellera, "durante muchos años, mientras la salud o la educación han sido derechos universales e incuestionables, los derechos sociales no han recibido la misma atención y no podemos permitir que haya derechos fundamentales de primera y de segunda categoría". Estos fondos servirán para combatir, según ha destacado Violant Cervera, para hacer frente al "incremento de las desigualdades" y los "defectos estructurales que ha evidenciado la pandemia".
Incremento del parque público de vivienda
Retornando a la vivienda, Cervera ha manifestado que el objetivo es "revertir el déficit estructural de alquiler asequible con un incremento del parque público de vivienda social, así como apostar por la rehabilitación de edificios y hogares con la mirada puesta en la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático". De la dotación que se destina a políticas de vivienda, 480 millones serán para la rehabilitación de viviendas, que se repartirán en cuatro líneas de ayudas en forma de subvenciones. Este desembolso, según calcula Drets Socials, tiene que permitir rehabilitar 65.000 viviendas hasta el año 2026. Los 160 millones restantes irán destinados a incrementar la oferta de vivienda social. Los primeros 80 millones se pondrán en marcha este año y los otros 80 se activarán en el 2023. Con este desembolso, el secretario de Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, ha estimado que podrán construir entre 3.200 y 4.000 viviendas de uso social.
La consellera de Drets Socials ha indicado que "los fondos tienen que suponer el revulsivo necesario para hacer que superemos los bajos niveles de vivienda con protección oficial y vayamos acercándonos en los próximos años a los niveles de vivienda social y asequible que hay en Europa". En relación con las ayudas para la rehabilitación de viviendas, habrá cuatro líneas: un programa orientado a las actuaciones de rehabilitación en los barrios (dotado con 184,8 millones de euros), una línea para financiar acciones de rehabilitación en los edificios residenciales que obtengan una mejora de la eficiencia energética (con una partida de 162,7 millones de euros), otra ayuda para contribuir a la mejora de la eficiencia energética (tiene un presupuesto de 58,5 millones de euros) y subvenciones para aquellas comunidades que quieran redactar su libro de edificio o proyecto de rehabilitación (con 43 millones de euros). Estas ayudas se podrán empezar a solicitar el mes de mayo.
Transición hacia "la máxima autonomía personal"
La inversión de 397 millones de euros para el ámbito social tiene como finalidad que "las personas puedan ser lo más autónomas posible durante el mayor tiempo posible", ha remachado Violant Cervera. Las acciones irán encaminadas a "retrasar la dependencia tanto como se pueda, mejorar la atención domiciliaria, modernizar centros residenciales y fomentar la autonomía personal y la vida independiente". Paralelamente, Drets Socials plantea "acelerar la transformación digital" y "fomentar la emancipación en la juventud, así como aplicar "proyectos basados en la prevención". La secretaria de Afers Socials i Famílies, Anna Figueras, ha puesto algunos ejemplos, como la potenciación de la teleasistencia, disponer de sistemas de biosensorización que permitan monitorar si hay alteraciones en la cotidianidad de las personas o avanzar en la creación de unidades de convivencia más pequeñas en los centros residenciales.
Con respecto a la infancia y la juventud, uno de los proyectos que se ha destacado son las Cases dels Infants, las Barnahus, que ofrecen una atención integral a los menores que han sufrido abusos sexuales. La primera ya está en marcha en Tarragona y se harán 11 más con un presupuesto de 9 millones de euros. Alexis Serra, secretario de Infància, Adolescència i Joventut, también ha revelado que digitalizarán el Carnet Jove y que modernizarán y harán más eficientes desde el punto de vista energético los albergues de la XANASCAT.
Por su parte, la secretaria general de Drets Socials, Dolors Rusinés, ha adelantado más acciones, como la inversión proyectas para construir y rehabilitar centros residenciales y de atención diurna, proyectos tecnológicos propios del Departament, financiación de proyectos e inversiones de las administraciones locales o la convocatoria de subvenciones que se abrirán en mayo para entidades, empresas y agentes socioeconómicos que vayan en la línea de construir más centros residenciales, proyectos tecnológicos como la mejora de la accesibilidad en los espacios de atención al público (eliminación de barreras arquitectónicas) o la modernización y transformación ecológica y digital de los centros para niños y adolescentes tutelados.