No era ningún secreto: Isabel Díaz Ayuso llegó al despacho de la Puerta del Sol prometiendo "la mayor rebaja fiscal de la historia". Y no hay nada que la detenga, ni siquiera una pandemia mundial que asedia los servicios públicos. Ahora hace dos meses, en plena segunda ola y con la sanidad pública madrileña falta de recursos, puso la primera piedra de la insurrección: medio punto menos para todos los tramos del IRPF. Pero entonces volvió a pasar bastante desapercibido. No ha sido hasta que Gabriel Rufián lo ha puesto encima de la mesa que ha vuelto al centro del debate el dumping fiscal de Madrid. Y todo lo que esto comporta.
Hay que empezar definiendo términos. ¿Qué es el dumping? El concepto es más bien comercial, pero se ha adaptado al ámbito fiscal. Para decirlo lisa y llanamente, la competencia desleal. De manera más desarrollada, es la práctica de rebajar excesivamente el precio de un producto —en este caso los impuestos— situándolo por debajo del precio normal o de mercado, con la finalidad de apropiarse de gran parte del mercado y eliminar así al resto de competidores. En este caso, se ejerce a través del margen de decisión que tienen las comunidades autónomas sobre la tributación. Las grandes empresas y fortunas buscan pagar los mínimos impuestos posibles. La Comunidad de Madrid hace realidad sus deseos.
Se entiende mejor con casos prácticos. Un primer ejemplo es el impuesto sobre la renta (IRPF) que pagan anualmente todas las personas físicas. Lo gestionan al 50% entre el Estado y las comunidades. El Estado tiene fijada su parte: el tramo más bajo en el 9,5% y el más alto en el 32,5%. A partir de aquí, las comunidades fijan la otra parte. La Comunidad de Madrid tiene fijado el tipo marginal máximo —más de 300.000 euros— en el 43%, el más bajo de todo el Estado. La media de todas las comunidades se encuentra en el 47%. En el caso de Navarra se sitúa en el 52%, y en Catalunya este año se ha subido al 51%.
Tomemos el caso de una persona de 40 años que tiene unos ingresos anuales brutos de un millón de euros. Si ha hecho su declaración de la renta en Catalunya este año (todavía en el 48%), habrá pagado un importe de 462.583 euros en IRPF. En cambio, si la ha hecho en Madrid, habrá pagado 423.525. Así, la diferencia entre Madrid y Catalunya sería de 39.058 euros. Una distancia que se incrementa todavía más, cuanto mayores sean los ingresos del contribuyente.
El impuesto al patrimonio ya lo complica un poco más. Está completamente cedido. Por norma general, hay ocho tramos, que se mueven generalmente entre el 0,2% y el 2,5%. También hay comunidades con un mínimo exento, que por ejemplo en Catalunya es de 500.000 o en el País Valencià de 600.000. Así, según un estudio de la Agencia Tributaria, los tipos efectivos se mueven del 0,15% de La Rioja al 0,86% de Galicia. Menos una comunidad, que es la única excepción: la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 100%. El estudio solo analiza las comunidades de régimen común, dejando fuera al País Vasco y Navarra, que son un caso aparte en todos los aspecto.
Tomemos el caso de una persona con un patrimonio de quince millones de euros. Por este patrimonio, la comunidad donde más pagaría es Extremadura: 418.000 euros. Catalunya se encontraría en la tabla media, con 297.463 euros de impuesto al patrimonio. Donde menos pagaría esta persona es en La Rioja, donde abonaría 68.442. En la Comunidad de Madrid directamente no pagaría ni un céntimo.
Finalmente, está el impuesto sobre las sucesiones y donaciones, uno de los más complejos porque incluye muchas más variables. Entre las circunstancias que se tienen en cuenta está el grado de parentesco, a partir de los cuales se forman cuatro grupos. A partir de aquí, se pueden aplicar reducciones y bonificaciones, dando resultados muy dispares entre territorios. La mejor manera de verlo es con un ejemplo gráfico.
El estudio de fiscalidad del Consejo General de Economistas de España pone un caso práctico: un soltero de 30 años que hereda por un valor de 800.000 euros, de los cuales 200.000 euros son de la vivienda del difunto. Donde más pagaría esta persona es en Asturias (103.135 euros), en Castilla y León (81.018 euros) y en el País Valencià (63.193 euros). Donde menos pagaría es a la Comunidad de Madrid, que lo tiene bonificado al 99%: 1.586 euros. En Andalucía, Cantabria y Galicia no pagaría con estas características. Catalunya también se encuentra en la parte baja de la tabla.
Este viernes, desde Barcelona, Isabel Díaz Ayuso se vanagloriaba de tener sólo dos impuestos propios, frente a la veintena de la Generalitat. Según el Índice autonómico de competitividad fiscal, Madrid y el País Vasco son los territorios más competitivos. ¿Pero a qué precio? Años y años de políticas de rebajas fiscales en el kilómetro cero han tenido consecuencias directas... Para los propios madrileños y para el resto de territorios del Estado.
El precio que pagan los madrileños
Ha sido una política inaugurada por Esperanza Aguirre y continuada por Ignacio González, Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso. Pero los perjudicados más directos, sobre el terreno, son los propios madrileños. Con las políticas de rebajas fiscales, se estima que la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar más de 4.100 millones anuales por estos tres impuestos, o lo que es lo mismo, unos 636 euros menos por madrileño. Las arcas han perdido unos 2.663 millones de euros por el impuesto de sucesiones, 996 millones por el de patrimonio y 504 millones por el IRPF. Según otras estimaciones, entre 2004 y 2019 han sido 48.292 millones de euros.
El informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), señala las consecuencias para el madrileño medio. Los bajos ingresos fiscales se tienen que compensar con un bajo gasto público. Esto "no tiene las mismas implicaciones para los más beneficiados de las rebajas fiscales y el resto de contribuyentes". En este sentido, explica que los beneficiarios tienen unos ingresos altos pero no notan el menor gasto "porque utilizan poco los servicios públicos sanitarios, educativos o de protección sociales". En cambio, los segundos sí que "sufren más las consecuencias de un gasto en servicios públicos más bajo". Sólo hay que ver el gasto en sanidad pública, que se sitúa en la cola del Estado.
El precio que paga la periferia
Ayuso proclamaba hace unas semanas que "Madrid es España", pero su política fiscal lo que hace es dinamitar su unidad. Utilizando los términos del presidente Ximo Puig, ha sido la gran "aspiradora que lo absorbe todo", especialmente recursos económicos. Atrae las grandes empresas y fortunas que quieren ahorrarse impuestos sin tener que ir a Suiza o Irlanda. Un dato que es muy gráfico. Según la Agencia Tributaria, sólo el 33% de las fortunas mayores de España —superiores a los 30 millones de euros— pagan impuesto al patrimonio. Son 200 de 600. Las otras 400 no pagan porque se han residenciado en Madrid, su refugio. Unos ingresos que ha perdido Madrid, al bonificar al 100% este tributo, pero también el resto de comunidades.
La consecuencia directa es una centrifugación de grandes fortunas. Albert Sagués, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, señala que "genera grandes diferencias entre comunidades y provoca que ciertas personas y empresas prefieran establecerse en Madrid que en otros territorios". Es sobre todo gente con mucho patrimonio, que se lo pueden permitir, "un dinero que pierde los otros territorios". En la misma dirección apunta el IVIE: "Las bases imponibles que Madrid atrae reducen los ingresos de estas comunidades. Y como se trata mayoritariamente de contribuyentes con bases elevadas, esta salida limita las aportaciones de los que pueden contribuir a la progresividad en las comunidades de origen".
Según Sagués, la madre del cordero es el sistema de financiación autonómica. "O Madrid lo hace muy bien y se produce un milagro, o falla el sistema de financiación", asegura el economista. Señala que sólo por el efecto capitalidad ya recauda entre 2.000 y 3.000 millones de euros. "Si Madrid ya es rica gracias al efecto capitalidad, quizás tendría que recibir un poco menos del reparto, y este poco menos repartirlo entre las comunidades. Automáticamente se nivelaría todo: Madrid no se podría permitir eliminar impuestos y este dinero que recibiría las otras comunidades permitiría bajar los impuestos propios", señala el experto en fiscalidad. Hoy Madrid recibe un poco más que su peso económico.
¿Contrario a la ley?
El profesor de la UPF señala otro aspecto: la política fiscal de Madrid va contra el espíritu de la ley. "Cuando te lees el artículo de la LOFCA, te das cuenta que no hay por dónde cogerlo", sostiene Albert Sagués. Hace referencia al artículo 2 de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Establece algunos principios, como "el sistema de ingresos de las comunidades autónomas tendrá que establecerse de forma que no pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales ni suponer la existencia de barreras fiscales en el territorio español". También hace referencia a la "solidaridad entre las diversas nacionalidades y regiones" y a la "lealtad institucional" del Estado y las comunidades en materia tributaria.
"No puede ser que en toda España la gran mayoría de comunidades tengan que hacer lo imposible para cuadrar los presupuestos, subiendo impuestos, y que haya un territorio que vaya en sentido totalmente contrario", critica el profesor de economía. ¿Y si todas las comunidades siguieran el camino de bajar los impuestos como dice Ayuso que tendrían que hacer? "Es que no pueden. Tienen que cerrar un presupuesto", concluye Sagués.