La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha lamentado que algunos partidos le hayan pedido dejar el cargo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) detectara indicios de presunto fraude durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC): "Pedirme la dimisión es, parece, una opción más razonable que denunciar la persecución política y el acoso judicial a la que estoy sometida". En un artículo en El Punt Avui este lunes recogido por Europa Press, ha defendido mantener la unión del independentismo frente a lo que considera represión, para lo que ve indispensable que "los políticos no caigan en la tentación de hacer de jueces".
"Marcharme para ahorrarme problemas sería enseñar la vía para apartar a las personas que molestan", ha dicho Borràs, y ha lamentado textualmente que se ha visto obligada a demostrar su inocencia porque quienes la acusan ya la han declarado culpable. En ese sentido, ha negado ser responsable de ningún tipo de fraude: "La magnitud de la aberración jurídica perpetrada contra mi reputación aún puede subir algún escalón más si el fiscal decide presentar un escrito de acusación". Y ha asegurado sentirse muy orgullosa de su labor como directora de la ILC, en especial por haber completado su actualización digital "en un plazo de tiempo muy breve, con el menor coste posible y con unos estándares de calidad incuestionables". Entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó por medio de Borràs 18 contratos menores relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución, por los que se la investiga por presunta prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.
A un paso de juicio
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dejado a punto de juicio a la presidenta del Parlament y tres hombres más por supuestos contratos irregulares cuando ella presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), del 2013 al 2017. La causa está abierta por un delito de prevaricación administrativa, uno de fraude administrativo, una de falsedad en documento mercantil y uno continuado de malversación de fondos públicos. Según el auto, Borràs habría adjudicado indirectamente a un conocido suyo siete contratos por más de 132.000 euros relacionados con la web de la institución y considera que "el importe de cada uno de los contratos fraccionados y de las correspondientes facturas de los adjudicatarios se hacía con criterios arbitrarios".
"Máximo respecto a la presunción de inocencia"
Al día siguiente de la decisión del TSJC de dejar a punto de juicio a la presidenta del Parlament, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, recordó que este "es un tema que se alarga cuatro años y finalmente, después de dilaciones y especulaciones, hay que ver cuando se fija el juicio". "Máximo respeto por la figura de la presidenta Borràs y a la presunción de inocencia", añadió. Borràs fue nombrada directora del ILC el 15 de enero del 2013. Según el auto, en la reunión de la junta de gobierno de la ILC del 20 de marzo del 2013, presidida por Borràs, se acordó como objetivos a corto plazo la elaboración de un portal web de referencia de las letras catalanas, la unificación de las actividades impulsadas o subvencionadas por el ILC en un mismo espacio y la presencia intensiva y participativa de sus actividades en las redes sociales para promover y fomentar la lectura.