La intervención del presidente español, Pedro Sánchez, en el Liceu de Barcelona anunciando los indultos de los presos políticos catalanes y con protestas en la calle se ha escuchado con claridad en Estrasburgo. Pero ha llegado demasiado tarde. No ha conseguido evitar el durísimo revés que España ha recibido en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que hoy ha aprobado el informe en que se pide la libertad de los presos políticos y acabar con la persecución de los exiliados.
El texto, bajo el título Tendrían que ser perseguidos los políticos por las declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato? se ha aprobado con 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones después de un tenso debate y de una votación en que se han rechazado una tras otra las enmiendas impulsadas por los diputados españoles que intentaban rebajar algunos de los puntos clave.
Exiliados y acabar con la persecución
La delegación española no ha conseguido salir adelante en el intento de excluir del texto el llamamiento a acabar con la persecución de los exiliados o el rechazo a que se vuelva a penalizar los referéndums no autorizados.
Tampoco ha prosperado la enmienda que los indultos no puedan incluir los delitos vinculados con la malversación. De hecho, la insistencia de los diputados populares de atribuir un delito de corrupción a los presos políticos ha chocado repetidamente con la réplica del ponente del informe, el socialista letón Boriss Cilevics.
Igualmente, la asamblea ha tumbado las dos enmiendas de los diputados españoles, una socialista y una popular, que intentaban excluir del informe la petición para acabar con los procesos contra funcionarios de rango inferior implicados en el referéndum del 1-O.
Negociar cuestiones sensibles
La enmienda popular que intentaba situar a los políticos unionistas como una minoría cuyos derechos hay que proteger en el Parlamento, ha provocado directamente las ironías del ponente del informe.
En el otro plato de la balanza, no se ha aceptado una enmienda impulsada, entre otros por la senadora de ERC Laura Castel, la propuesta de incluir la amnistía en el texto. En cambio, sí la apelación a que España acepte dialogar también sobre "cuestiones sensibles".
Condenados como asesinos
El socialista letón que se ha encargado de la redacción del informe, Boriss Cilevic, ha abierto el debate admitiendo que Turquía y España, los dos países que se analiza en el informe, tienen situaciones muy diferentes. No obstante, ha advertido, en referencia a los presos políticos, que "no se ha observado nada parecido en ningún otro estado miembro Consejo de Europa". Ha subrayado que tanto en España como en Turquía los políticos, a pesar de protagonizar manifestaciones pacíficas, "van ser condenado a penas muy largas, reservadas a asesinos y violadores".
A diferencia del Parlamento Europeo, en la Asamblea del Consejo de Europa no ha habido un cierre de filas entre los estados o los grupos políticos. Y así lo han hecho evidente los portavoces del grupos.
La portavoz del grupo popular, Theodora Bakoyannis, se ha alineado con la posición de España, ha denunciado que se comparase con el caso de Turquía y ha advertido que su grupo no aprobaría el texto si no se aceptaban sus enmiendas. Pero no así el resto de grupos, ni tan sólo de otros diputados populares, como el francés, François Calvet, que ha subrayado que un proceso judicial que ha llevado a condenas tan largas obliga al Consejo de Europa a pronunciarse.
El portavoz del grupo liberal, el francés Jacques Maire, ha coincidido en que las penas son desproporcionadas y, a pesar de admitir que el gobierno español está haciendo movimientos, se ha pronunciado a favor de los indultos.
El socialista holandés Tiny Kox se ha referido a las palabras de Sánchez y ha admitido que el caso de España no es lo mismo que el de Turquía, pero se ha declarado a favor de "el indulto y la amnistía" y ha celebrado que el informe haya podido servir de ayuda en este sentido. De hecho, Kox se ha encargado de ir rechazando buena parte de las enmiendas españolas, también las socialistas.
Soledad de los diputados españoles
Estos posicionamientos han hecho todavía más evidente la soledad de los diputados españoles a la hora de defender la actuación del Estado español. En el turno de los diputados, el socialista Antonio Gutiérrez ha advertido que las peticiones para parar las extradiciones y acabar con los juicios pendientes van en contra de la independencia judicial y la separación de poderes.
Especialmente contundentes han sido los parlamentarios populares, como María Valentina Martínez Ferra, que ha insistido en denunciar que que los presos independentistas "desafiaron a España", que fueron condemnados por saltarse la ley y por "corrupción" y que no se les puede indultar porque no se han arrepentido de lo que hicieron. Precisamente, uno del puntos que señala el texto aprobado por el Consejo, advierte que no se puede obligar a los políticos a renegar de sus ideas para conseguir un indulto o un beneficio penitenciario.
El también popular Pablo Hispán ha insistido en los mismos puntos y ha alertado que los presos independentistas han dicho que lo volverán a hacer y el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de sus indultos.
Por el contrario, la senadora de ERC Laura Castel ha alertado de que el indulto no es la solución para la situación de centenares de personas perseguidas por su intervención en el referéndum y ha defendido la amnistía. Ha advertido que el referéndum lo defienden más del 80% de los catalanes y ha denunciado acoso judicial contra centenares de personas perseguidas por el procés.
Imagen principal: el diputado socialista letón Boriss Cielvics en el Consejo de Europa