El Departament de Educació ha cifrado en 26 las escuelas catalanas que aplican el 25% de castellano, de un total de más de 3.500 centros. Así lo ha detallado este lunes el conseller Josep González Cambray en una comisión parlamentaria, respondiendo a una pregunta de Junts. Se trata de escuelas donde en una de sus aulas se imparte el 25% de las materias en lengua castellana, obligadas a mantener las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Pero hay que recordar que Cambray aseguró en septiembre que "ningún aula de este país aplicará el 25% de castellano".
Aunque no se ha cumplido su pronóstico, el conseller ha celebrado que "este curso, por primera vez, se haya frenado el goteo de nuevos centros donde se tiene que aplicar". También ha defendido que el Govern lucha "con todas sus herramientas" por aplicar "un escudo jurídico en los centros" mediante varios marcos legales, a la vez que ha subrayado que una segunda estrategia implica incrementar los usos de catalán. "Gracias al nuevo marco normativo, hemos conseguido parar el goteo de familias que pedían el 25% de materias en castellano para sus hijos", ha afirmado.
Conformidad por parte de la Conselleria
El diputado de Junts Franscec Ten había trasladado a Cambray la "preocupación" de su grupo parlamentario por "cierta sensación de conformidad por parte de la Conselleria por no trabajar lo suficiente para garantizar el derecho de los alumnos catalanes a recibir el 100% de la educación en catalán en los centros donde se tiene que impartir el 25% de clases en castellano". "Ante injerencias judiciales, hemos parado la ofensiva", ha respondido el conseller, a la vez que ha añadido que "no está el goteo de centros nuevos donde aplicar el 25% de castellano que se arrastraba desde las épocas de los consellers Rigau, Ruiz y Bargalló". La nueva normativa lingüística aprobada por el Govern y por el Parlament "ha parado el goteo de peticiones y está dando resultados", según Cambray. También ha instado a "ver cómo se van pronunciando los tribunales" ante la obligatoriedad de impartir el 25% de materias en castellano, después de que la justicia balear rechazara imponerlo en un instituto.
Hay que recordar que el Constitucional admitió a trámite la revisión de la ley del catalán que esquiva el 25%, una cuestión de inconstitucionalidad del TSJC contra el decreto del Govern. Este decreto dejaba claro que las cuotas son inaplicables y sirvió para dar respuesta a la sentencia del Supremo que obligaba a aplicar el 25% de castellano. Además, la norma establece que Educación es el único responsable legal de los proyectos lingüísticos de los centros. Por otra parte, los jueces también habían presentado una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley sobre uso y aprendizaje de lenguas oficiales aprobada por el Parlament.