El Ministerio de Educación ha concretado que la alta inspección educativa no visitará los centros escolares catalanes para verificar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impone un 25% en castellano a las aulas. Fuentes del departamento de la ministra Pilar Alegría, citadas por la ACN, remarcan que la alta inspección educativa no tiene esta competencia y no puede inspeccionar in situ, ya que eso es una atribución que tienen los inspectores que dependen de las autonomías. Eso contrasta con lo que explicó ayer martes La Moncloa, cuándo adelantaban que para asegurar el cumplimiento de la sentencia se activaría la alta inspección educativa. Concretamente, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, decía ayer que "las sentencias están para cumplirlas, los pronunciamientos de los tribunales se tienen que acatar y lo que haremos desde el Gobierno será actuará con la alta inspección para que, dentro de nuestras competencias, se cumpla con esta jurisprudencia y la indicación de los tribunales". Ahora, sin embargo, Educación rechaza avanzar los detalles de la manera de supervisarlo, pero subrayando, en la línea de Rodríguez, que estará dentro de las competencias y la jurisprudencia existente.

En este sentido, desde el Ministerio recuerdan ahora que, tal como establece una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018, las competencias de la alta inspección son de "tipo informativo o de comprobación" y no tienen carácter correctivo. Las mismas fuentes explican que la función de la alta inspección es jurídica, de revisión de las resoluciones autonómicas, para "verificar el cumplimiento de la normativa básica del Estado". El procedimiento habitual cuando se detecta un incumplimiento es enviar un requerimiento y, en caso de no llegar a un acuerdo amistoso con la autonomía, llevar la cuestión a los tribunales contenciosos-administrativos. El Ministerio de Educación dispone de dos inspectores en cada autonomía. Por eso, remarcan que en el momento que haya que actuar será cuando comuniquen el detalle e insisten en que, por ahora, "hay que esperar y recuerdan que la Generalitat ha anunciado que recurrirá lo cual puede retrasar la cüestión. A pesar de ello, aseguran que harán "todo lo que esté en sus manos" para cumplir con la verificación.

La reacción a la sentencia

Ayer, después de conocer la noticia de la sentencia, el Govern se comprometió a garantizar que el próximo curso se haga "más catalán que ahora" en las escuelas de Catalunya. Así se pronunció la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, asegurando que el ejecutivo pondrá "todos los esfuerzos" por incrementar el uso de la lengua en las aulas. Durante la rueda de prensa posterior al Consell  Executiu de este martes, Plaja puso como ejemplos de acciones la organización de espacios compartidos en el patio, al comedor y a través del ocio, con formaciones, actividades familiares, grupos de conversación y actividades de ocio en catalán. "El Govern trabaja para afianzar y fijar el modelo catalán", dijo a la portavoz.

 

Los partidos también se mueven. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reclamado ser proactivos ante los ataques reiterados de la justicia contra la escuela catalana. Y esta proactividad, para los republicanos, pasa en parte para sacar adelante el acuerdo por el catalán entre PSC, ERC, Junts y Comuns, consistente en modificar la ley de Política Lingüística y que está aplazado en el Parlament desde hace semanas a voluntad de Junts. "Lo que no podemos hacer es no hacer nada, o quedarnos con lemas y ya está, porque los lemas no son útiles para defender el catalán", ha advertido a la dirigente republicana este martes.