El Departament d'Educació es el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas. Así lo ha afirmado el Govern este lunes, que ha notificado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha recibido la sentencia, agotando los diez días de plazo que tenía para comunicarlo. Un movimiento mediante el cual quiere sacar responsabilidad a los centros educativos y a los docentes, según ha avanzado este lunes TV3. Ahora, una vez la Generalitat ha notificado la recepción de la sentencia, empieza ahora plazo de dos meses por hacerla efectiva.
Este lunes se cumplen justo 18 días desde que el TSJC avisó al Govern de que la sentencia sobre el 25% de castellano en la escuela era firme. Fue el pasado 21 de enero, cuando el tribunal dictó el decreto de firmeza de la sentencia de finales del 2020 que obliga al Departament d'Educació a la aplicación del 25% de lengua castellana en todas las aulas del país, independientemente de si lo piden o no las familias. En esta resolución, el TSJC daba diez días a la Generalitat para cumplir la orden, aunque todavía podía presentar un recurso de reposición. No obstante, en el auto se especifica que la parte demandada tiene dos meses para ejecutar la sentencia, tal como establece el artículo 104 de la ley contenciosa administrativa.
Un futuro incierto
El TSJC preguntó a la Generalitat que estableciera cuál sería el órgano que haría el seguimiento de la aplicación de la sentencia. Y el Govern ha respondido que será el Departament d'Educació, con la intención de sacar responsabilidad a los centros educativos y a los docentes. Sin embargo, todavía no es clara cuál será la respuesta que el ejecutivo catalán planteará ante esta imposición en las aulas catalanas. Es decir, si en los próximos dos meses no se aplica la sentencia, el caso puede llegar al Gobierno, que tendrá que tomar una decisión.
La ley establece que el fallo judicial se podrá ejecutar de manera forzosa si finalmente no se aplica. Eso sí, siempre cuando alguna de las partes o un afectado lo pida. Es decir, si el Ministerio de Educación o cualquier persona que pueda acreditar que está siendo perjudicada por la falta de aplicación lo solicite. Por su parte, el Departament d'Educació ya señaló que no tenían constancia de las intenciones del ejecutivo español sobre si pedirá o aplicó la sentencia. Fuentes de los ministerios de Educación, de Justicia y de Política Territorial expresaron en noviembre que la sentencia se tiene que ejecutar, aunque insinuaron que no lo pedirán expresamente porque consideran que quien tiene que pedir su cumplimiento es el mismo TSJC.