EE.UU. ha dado crédito a los informes sobre el uso de Pegasus en España contra el independentismo catalán, el mismo día que diputados espiados se han reunido con la comisión Pegasus de Madrid. En su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado norteamericano ha destacado el Catalangate — el escándalo de espionaje revelado por Citizen Lab. "Hay informes que el Gobierno habría monitorado las líneas de comunicación de políticos independentistas catalanes, aunque el gobierno central sostiene que tiene la autoridad legal para hacerlo", afirma el documento. Y eso que españolistas como Jordi Cañas habían hecho un intento torpe por desmontar el informe de Citizen Lab.
En el apartado sobre "interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o correspondencia" (página 7), el Departamento de Estado norteamericano recuerda que Citizen Lab publicó el informe "alegando que el Gobierno utilizó el software Pegasus para atacar hasta 65 teléfonos móviles de líderes independentistas catalanes entre 2017 y 2020". "Los individuos afectados incluyen el actual y diversos anteriores presidents de la Generalitat de Catalunya, diputados del Parlamento Europeo, juristas, activistas y políticos catalanes", concreta. Asimismo, añade que la entonces directora del CNI, Paz Esteban, "reconoció en una sesión informativa el 5 de mayo ante una comisión del Congreso que el CNI había pirateado los móviles de 18 líderes separatistas catalanes". "Pero afirmó que el CNI disponía de las autorizaciones judiciales necesarias para hacerlo", indica.
El Gobierno y Pegasus: nada público
También sobre el espionaje en el estado español, el informe de los EE.UU. hace referencia a cuando el ministro Félix Bolaños "dijo que el software Pegasus se utilizó para piratear los teléfonos móviles del presidente, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, a en mayo y junio del 2021". "Bolaños culpó actores externos, pero dijo que el Gobierno todavía investigaba quién estaba detrás del ataque", añade. Finalmente, destaca que "el Gobierno no había hecho pública ningún hallazgo sobre los incidentes a finales de año" — motivo por el cual instituciones y entidades internacionales han criticado las autoridades españolas.
En otro orden de cosas, el documento del Departamento de Estado estadounidense recoge la demanda de diversas ONG para que la policía deje de utilizar balas de goma en las manifestaciones y destaca el caso de la huelga de trabajadores del metal en Cádiz — donde manifestantes pidieron a la Fiscalía una investigación sobre el uso de la fuerza. También subraya que dos policías fueron procesados en Barcelona por la pérdida de un ojo de Roger Español, así como los abusos policiales ocurridos durante las protestas por la detención de Pablo Hasél. Quede claro que este informe sirve de guía al Congreso de EE.UU. en el momento de determinar las ayudas exteriores que conceden a cada nación.