Judicialmente, una fecha importante para los independentistas catalanes será el próximo 11 de enero del 2022. La Audiencia de Barcelona ha fijado esta fecha para celebrar la vista que tiene que servir para resolver si el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que ha cerrado la investigación contra los acusados de organizar el 1-0 del 2017, tiene que asumir la nueva causa penal sobre el gasto exterior del gobierno del 2011 en el 2017, iniciada por el juzgado de instrucción 18 de Barcelona el verano pasado, o no. La causa del juzgado de instrucción 13 tiene unos treinta excargos y empresarios que irán a juicio por el gasto del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya y será el segundo proceso penal más relevante contra el independentismo catalán, después del juicio y condena de los líderes políticos y sociales por parte del Tribunal Supremo. Este caso, sin embargo, ha estado casi parado desde el abril pasado.
La primavera pasada, se formó el tribunal de tres magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona que juzgará a los organizadores del 1-O y, como es un procedimiento de sumario, preguntó a las partes si querían más pruebas. La fiscalía solicitó que volvieran a declarar algunos investigados porque quería dejar claro que los acusaba del delito de desobediencia, aunque la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, que es la encargada de resolver los recursos, hizo decaer la mayoría de estas imputaciones porque los investigados no eran cargos públicos o no habían recibido el requerimiento pertinente del Tribunal Constitucional (TC) para que no actuaran en nada relacionado con la votación, que había suspendido. El 14 de octubre pasado, la sección informó a las partes de que abría el juicio oral, trámite después del cual la fiscalía tiene que presentar su escrito de acusación y las penas que les pide y los procesados, los escritos de defensa. Pero hubo un segundo parón.
Dos causas
El noviembre pasado, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona paró el procedimiento y atendió la petición de la defensa del exsecretario de Acción Exterior, Aleix Villatoro, ejercida por el penalista Ramon Setó, en la cual solicita que se tiene que resolver su petición que la causa de Exteriores, donde también está investigado, se junte al procedimiento principal del juzgado de instrucción 13 porque se le acusa de lo mismo en dos juzgados diferentes. Ahora se ha sabido que la sección 2.ª ha citado a las partes el próximo 11 de enero para debatir sobre la competencia de los dos procedimientos. El mismo día 11 no se sabrá la respuesta, no obstante, si la Audiencia decide que el juzgado de instrucción 13 tiene que asumir la investigación del juzgado de instrucción 18, donde se quiere averiguar si se malversaron cerca de un millón de euros, el procedimiento volvería atrás. Es decir, la sección 21 de la Audiencia, que tiene todos los tomos y vídeos de la causa sobre la organización del referéndum, los tendría que devolver al juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Un hecho que implicaría retrasar todavía más este proceso penal, iniciado por unas declaraciones en unas charlas del exsenador de ERC y magistrado Santiago Vidal, sobre que el gobierno tenía el censo de los catalanes para usarlo en la votación del 1-O.
Es precisamente por este enredo procesal que Villatoro se acogió a su derecho a no declarar como investigado en el juzgado de instrucción 18, el 24 de noviembre pasado. También lo hizo Albert Royo, exsecretario general de Diplocat, y también investigado en los dos juzgados por los gastos de esta fundación publico privada. Además, la abogada de Royo, la penalista Judit Gené, presentó un recurso de apelación en el cual pide que el procedimiento de Exteriores sea asumido por el juzgado de instrucción 13, o a la inversa, para el 18, porque se lo acusa por lo mismo: la promoción de Catalunya en el exterior, a pesar de que con partidas de gastos diferentes. La sección 8.ª de la Audiencia de Barcelona es quién tiene que resolver esta petición, que desde hace meses espera Royo y la decena de procesados en la causa del juzgado de instrucción 18 de Barcelona. La fiscalía también presentó recurso porque la magistrada Carmen García hizo archivar algunas partidas, así como la imputación del exconseller Francesc Homs.
De la treintena de procesados por organizar el 1-O, hay dieciocho que son acusados de malversar 4,3 millones de euros, fianza depositada en el juzgado por la Caja de Solidaridad, con aportaciones de la ciudadanía y entidades. Los investigados, con los cargos que ocupaban en el 2017, son: Xavier Puig, responsable del Área TIC del Departamento de Acció Exterior; Rosa Maria Rodríguez, directora general de servicios de T-Systems; Antoni Molons, secretario de Difusió y Atenció Ciudadana del Departament de Presidència; Rosa Vidal, interventora de la Generalitat; Joaquim Nin, secretario general del Departament de Presidència; Pablo Raventós, director general de Unipost; Josep Ginesta, secretario general de Treball, Afers Socials y Família; Francesc Sutrías, director general de Patrimoni (Vicepresidencia y Economía); David Franco, responsable del área TIC del Departament de Traball; Josuè Sallent, director de Estratègia e Innovació en el CTTI; David Palanques, responsables del área TIC en el Departament de Treball; Amadeu Altafaj, director de la delegación del Govern de la Generalitat en la UE; Jaume Clotet, director general de Comunicació del Govern; Francesc Fàbregas, administrador de El Vallenc; Albert Royo, secretario general del Diplocat; Aleix Villatoro, secretario general del Departament de Acció Exterior; delegado del gobierno en Suiza, y Teresa Prohías, directora de servicios de Presidència e Ignasi Genovès, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, los cuales son acusados de malversación, prevaricación y desobediencia. De estos procesados, también son investigados por malversación de fondos públicos en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona: Royo, Villatoro y Prohías.
Raül Romeva y Aleix Villatoro, acompañados de Oriol Junqueras y compañeros de ERC, al ir a declarar al juzgado de instrucción 18 de Barcelona, el 24 de noviembre pasado/ Sergi Alcàzar
Revelación de secretos y desobediencia
En el juicio para organizar el 1-O, también hay procesados por el delito de revelación de secretos el entonces director del Idescat, Frederic Udina, y Daniel Gimeno, responsable de tratamiento de datos. Y finalmente, los procesados por el delito de desobediencia al TC, que también serán juzgados con los primeros son: Núria Llorach, vicepresidenta y administradora única de la CCMA; Vicent Sanchis, director de TV3; Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio; Martí Patxot, director corporativo de la CCMA; Joan Manel Gómez, jefe de riesgos del Centro de Seguridad de la Información, y Jaume Clotet, exdirector de Comunicació de la Generalitat.
El delito de malversación es el más grave en esta causa contra los organizadores del 1-O. A todos los dieciocho acusados por este delito no se les imputa el gasto global de 4,3 millones, pero si las partidas imputadas superan los 250.000 euros, la fiscalía les podría pedir el delito de malversación agravado, castigado de cuatro a ocho años de prisión. Por ejemplo, hay la partida del registro de catalanes en el exterior, cifrada en 94.196 euros, o las tarjetas censales del 1-O, valoradas en 980.313 euros. La paradoja de esta causa es que gran parte de las partidas son las mismas por las cuales fueron condenados los líderes políticos al Supremo, el cual derivó en el Tribunal de Cuentas su recuperación. Es decir, son dos cantidades duplicadas como fianza, que la Caja de Solidaridad todavía no ha podido recuperar, a pesar de haberlo reclamado.
Tres procesados en el TSJC
Finalmente, El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tiene una segunda causa contra organizadores del 1-O, cuando el exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, pasaron a ser diputados de ERC en el Parlamento. La instructora, la magistrada Maria Eugènia Alegret, dejó a Jové i Salvadó a un paso de juicio, acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos y desobediencia, el abril pasado. La Fiscalía Superior de Catalunya tenía que presentar los escritos de acusación y las penas que les pide, cuando el procedimiento se detuvo, hasta la actualidad. El motivo es que Natàlia Garriga fue nombrada consellera de Cultura con el gobierno de Aragonès, cargo que la protege como aforada y su causa en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, donde fue procesada por malversación en su cargo de directora de servicios de la Secretaría General dependiendo de Vicepresidencia, se elevó al TSJC. Ahora, se tiene que resolver si su causa se adjunta a la de Jové i Salvadó, que será el más probable, ya que ella trabajaba en su departamento.
Una papeleta de la votación del Referéndum del 1-O / Sergi Alcàzar