El abogado del Instituto de Derechos Humanos de Andorra, Alfons Clavera, ha sido muy contundente al pronunciarse sobre la investigación que se ha abierto al expresidente español Mariano Rajoy. Clavera ha argumentado que Catalunya y Andorra tienen un tratado de extradición que permite adoptar medidas cautelares enfrente de una negativa de Rajoy a comparecer. Sin embargo, el abogado andorrano ha asegurado: "No creo que se llegue a este escenario". Clavera ha explicado en una entrevista al Faqs de TV3 que "no hay ningún motivo" para que el Estado español pueda negarse a la tramitación de una comisión rogatoria para que declare un expresidente, ya que, "no disfruta ahora de ningún tipo de inmunidad". "Con la ley española en la mano, no habría ninguna justificación para que Rajoy no tuviera que declarar", ha afirmado Clavera.

La entidad que representa Clavera se querelló para que la justicia investigue y determine qué papel tuvo el Gobierno y el de Andorra en la liquidación de la Banca Privada de Andorra y las presiones para conseguir las cuentas bancarias de la familia Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Es decir, depurar responsabilidades en la Operación Catalunya. La jueza admitió en octubre del 2020 la querella presentada por los delitos de falsedad de documento y coacción de órganos constitucionales contra el expresidente español. Al exministro Jorge Fernández Díaz también lo consideran autor de un delito de amenazas, coacciones, extorsión y chantaje, junto con el exsecretario de Interior Francisco Martínez Vázquez y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Derechos y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra presentaron un nuevo escrito, el noviembre pasado, a la titular de la sección de instrucción especializada 2 de Andorra, en que pedían nuevas pruebas y declaraciones. El motivo alegado era a raíz de un informe de la Fiscalía española y una resolución de la Audiencia Nacional de octubre del 2021, donde se confirma que las notas del excomisario José Manuel Villarejo sobre la trama andorrana de la Operación Catalunya, "eran notas policiales y oficiales". Estas notas de inteligencia constan a la causa y fueron reconocidas y ratificadas por el excomisario Villarejo.

Con respecto al inspector Celestino Barroso, también querellado, se aportó la respuesta dada por el Gobierno, según la cual se mantiene sine die su inmunidad diplomática. Barroso, agregado de Interior de la embajada española en Andorra, fue quien en mayo del 2014 se entrevistó con el CEO de BPA, Joan Pau Miquel, haciéndole saber que o colaboraban con el Gobierno o el "banco moriría" y "que los americanos ya estaban al corriente de todo". De hecho, Clavera lo ha explicado a TV3: "Celestino Barroso nunca será condenado porque por delitos penales no puede ser perseguido". El abogado andorrano ha argumentado que Barroso está amparado por el artículo 31 del convenio de Viena, que estipula que los diplomáticos que están ejerciendo en el territorio donde están destinados, están protegidos por la diplomacia.

"Cualquier procedimiento abierto contra el señor Barroso por actos llevados a cabo durante su misión se enfrenta a esta disposición protectora, que ampara sine die en el agente diplomático para que este ejerza sus funciones en las mejores condiciones posibles". Esta es la respuesta que el actual Ejecutivo ofreció por escrito al diputado del PDeCAT Sergi Miquel, y que Clavero ha recordado, cuando el parlamentario se interesó por la petición de los hermanos Cierco para que retire la inmunidad que protege a Barroso de cualquier investigación  sobre su actuación, desarrollada con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.