El presidente del banco Mirabaud & Cie, investigado por las cuentas bancarias del rey Juan Carlos I en Suiza, niega los hechos de los cuales lo acusa la fiscalía. Durante el día de ayer se supo que el fiscal del cantón de Ginebra investiga Yves Mirabaud por falta de transparencia por no haber informado del ingreso de la donación de 65 millones de euros provenientes de Arabia Saudí en una cuenta del cual el beneficiario último era el emérito.
En un comunicado en el cual ha tenido acceso Europa Press, la entidad bancaria confirma que su presidente ha testificado ya delante de la Fiscalía suiza "como investigado en relación con una supuesta falta de presentación de informes en el organismo de prevención de blanqueo de capitales en 2018". Con todo, señalan que impugnan "enérgicamente las acusaciones que puedan formularse contra él" y señalan además que el banco "confía en un resultado favorable de procedimiento", ya que consideran que "ha actuado de acuerdo con la legislación aplicable".
La imputación de Yves Mirabaud se dio a conocer el miércoles, la misma semana que se cumple un año de la huida de Juan Carlos I de España. El banquero ha acabado a la lista de imputados después de que la Fiscalía decidiera volver a tomar declaración a los principales implicados en el caso.
No informaron del ingreso
La donación de 65 millones procedentes de Arabia Saudí se ingresó a favor de la fundación panameña Lucum, de la cual era el beneficiario el rey emérito. De las declaraciones de Mirabaud se deducía que ni el departamento de cumplimiento de la entidad, que vela por la reputación de la institución, ni el departamento jurídico, conocían que detrás de la cuenta de una sociedad panameña se escondía Juan Carlos I.
Según declaró el mismo Mirabaud ante el fiscal, solo los miembros del Consejo de Asociados de la entidad conocían que el beneficiario final de la cuenta era Juan Carlos I. "La única razón por la cual se decide mantener la confidencialidad en el seno del banco del nombre de aquel beneficiario era la siguiente: se trataba de evitar una dispersión demasiado amplia entre los empleados con la intención de mantener la discreción", aseguró el banquero, según adelantó El País.
Aún así, la entidad estaba obligada a informar del ingreso sospechoso en la cuenta del emérito en el Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), al organismo suizo para combatir el blanqueo de capital. Asimismo, el fiscal ha podido acreditar que nadie del banco exigió que se declarara a la Hacienda española los 65 millones de euros.