Marcel Vivet, el activista de Badalona, condenado a cinco años de prisión por haber provocado una lesión leve a un agente de los Mossos d'Esquadra en la protesta Holi contra la manifestación del sindicato policial Jusapol, en la Via Laietana de Barcelona en el 2018, tiene su recurso contra la sentencia bloqueado desde el verano pasado. La sección 21 de la Audiència de Barcelona, que lo condenó a dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y a tres años más por atentado contra la autoridad, quiere expulsar el Departamento de Interior del procedimiento porque el agente de los antidisturbios a quienes defendía se marchó con un abogado privado, al acabar el juicio. Interior ha informado ElNacionalcat que ha presentado un recurso a la Audiència porque quiere continuar en el procedimiento al considerar de que la Generalitat está obligada a velar por los agentes de la policía catalana. Así, mientras la Audiencia no resuelva este escollo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no podrá revisar los recursos de apelación contra la condena de Vivet.
Los servicios jurídicos de la Generalitat presentaron, el julio pasado, un recurso contra la condena de Vivet. Inicialmente, solicitaba cuatro años de prisión y ahora, seis meses. Esta modificación, para mantener los acuerdos con la CUP, no gustó a nadie. El agente de la Brigada Móvil (Brimo), a quien Vivet habría dado un golpe en el dedo con un palo de una bandera, dejó la representación de la Generalitat para ir con el abogado José Antonio Bitos, que lleva los casos del sindicato USPAC. Por su parte, Vivet y su abogado, el penalista Carlos Hurtado, esperaban que Interior pidiera la absolución del joven en el recurso de apelación al TSJC.
Veracidad policial
Cuando se dio a conocer la condena, el abogado de Vivet aseguró que la única prueba de cargo contra el activista era la declaración del mosso herido. "Se está dando la presunción de veracidad a un testigo cuando eso no existe", sostenía Hurtado, además de asegurar que era una sentencia con "un grave sesgo ideológico". Antes de la condena, Vivet también expresó que desde la Generalitat lo había presionado a él, a su madre y a su abogado para que aceptara una condena de dos años de prisión. En el juicio, Vivet explicó que él estaba en la primera fila y con la bandera se protegía de las golpes policiales, y que estuvo poco rato.
Además, en conocerse la sentencia condenatoria, el junio pasado, Vivet declaró que el agente por el cual lo condenaron por haberlo herido levemente en un dedo, es el mismo que supuestamente recibió un golpe en la cabeza de otro joven, Adrià, a quien piden elevadas penas de prisión. Un hecho ilógico, ya que el agente indica que solamente recibió un golpe. Además, Marcel y Adrià no estaban juntos a la protesta. La organización Alerta Solidaria aseguró que este hecho demuestra que los atestados policiales están "falsificados" y reclamaban que se asumieran responsabilidades. Interior, sin embargo, no modificó su petición de condena a Vivet.
Foto: Vivet denuncia la represión española en el Parlamento Europeo/ M.V.
El precedente de Adrián Sas
La revisión de la condena de Marcel Vivet por parte del TSJC no es sinónimo de una absolución o de rebaja de la condena, a pesar de todas las irregularidades denunciadas. El precedente más reciente es el caso del activista de Vilafranca del Penedès Adrián Sas, a quien el noviembre pasado el TSJC ratificó su condena de tres años y medio de prisión por haber golpeado con un bastón a un agente de los Mossos y a un segundo policía en el primer aniversario del 1-O en el Parque de la Ciutadella. La Audiència de Barcelona consideró Sas autor de un delito de atentado contra la autoridad y lesiones leves, mientras que lo absolvió del delito de desórdenes públicos. Inicialmente, la fiscalía pedía que fuera condenado a siete años de prisión y la Generalitat a cinco años y medio de prisión. El abogado de Sas, el penalista David Aranda anunció que ahora presentará recurso de amparo en el Tribunal Constitucional (TC).
Los juicios contra ciudadanos por haber participado en manifestaciones de carácter independentista han sido semanales en los últimos meses y habrá más el año que viene. La fiscalía los pide penas elevadas sin que haya personas gravemente heridas, y a veces aplicando la agravante de haber provocado desórdenes públicos dentro de una manifestación, un supuesto que para ciertos juristas es inconstitucional porque coarta el derecho de protesta.
Foto principal: El activista Marcel Vivet, en una protesta en la plaza Sant Jaume de Barcelona / Pau de la Calle