El Cercle d’Economia se ha pronunciado finalmente con una declaración sobre el 27-S. No ha sido fácil. El documento se esperaba el lunes y ha necesitado dos días más de cocina. El texto final, que fija una posición de esta entidad en relación con los comicios, establece que una victoria clara de las formaciones políticas que apuestan por la independencia “obligaría a los poderes públicos a encontrar una vía legal y acordada que permitiera celebrar una consulta específica”.
La declaración es el resultado de un intenso debate interno de la entidad que preside Antón Costas. Tan intenso que obligó a rehacer de arriba abajo la propuesta inicial que el propio Costas había planteado a los miembros de la Junta. Si el título original era Ante las próximas elecciones del 27-S: en defensa de la dignidad de la política, el encabezamiento definitivo quedó como “Después de las elecciones del 27-S: Diálogo, acuerdo y reforma.
A partir de aquí, todo el texto se ha visto matizado y recortado hasta cambiar radicalmente su espíritu (puedes consultar ambos documentos, borrador y final al final de esta crónica).
Las diferencias
Aunque la campaña del 27-S registra una inusual presencia de pronunciamientos del mundo económico y empresarial, el documento del Cercle ha irrumpido bastante en los discursos de campaña y sorprende por el tono moderado y transversal de un texto del que se esperaba que fuera mucho más contundente. Originariamente el punto primero sentenciaba: “El 27-S se celebran unas elecciones, no un referéndum o un plebiscito”. Esta afirmación ha desaparecido.
También se ha eliminado el aviso –y crítica directa a la candidatura Junts pel Sí– de que los ciudadanos deben conocer “con certeza y transparencia a quienes votan para presidir al Gobierno catalán y qué políticas apoyan”.
“Una declaración de independencia en estas circunstancias sería un brindis al sol”, era otra de las afirmaciones que ha desaparecido, al igual que la sentencia que “nadie tiene derecho a hablar en nombre de los catalanes”.
¿Y qué dice el texto? Pues que “cualquier cambio estructural –y la independencia sería su máxima expresión– requiere una mayoría cualificada que en ningún caso puede desprenderse de unas elecciones como estas, sino de la legitimidad de una consulta legal, acordada y bien informada”.
En este sentido deja muy claro el rechazo a “decisiones unilaterales que puedan poner en riesgo el principio de legalidad y la pertenencia a las instituciones europeas y al euro”.
Al mismo tiempo advierte que si el 27-S diera mayoría a las fuerzas no independentistas eso no se podría interpretar en el sentido de que la sociedad catalana es partidaria del statu quo. “En Catalunya existe un deseo ampliamente mayoritario de mejora del autogobierno, de cambio del modelo de financiación y de reconocimiento político de su personalidad”.
El Cercle tampoco ahorra críticas a lo que describe como “el quietismo y la resistencia al cambio” del actual Gobierno español, por lo que se apunta a que las elecciones catalanas y las españolas de diciembre abren una nueva ventana al diálogo.
En todo momento, el documento insiste en que “el objetivo prioritario tiene que ser reconciliar el principio de legalidad del Estado de derecho con el principio democrático”.
"Solución buena"
Las reacciones de las caravanas electorales son lo bastante sintomáticas de cómo ha caído el texto en la campaña. El presidente de la Generalitat y número 4 de Junts pel Sí coincidió con el Cercle en que la “solución buena” es un “referéndum acordado y vinculante”, mientras que el candidato del PP, Xavier Garcia Albiol, tuvo que salir a rechazar la consulta con el argumento de que no es posible hablar “con los que quieren romper Catalunya del resto de España”.
Desde Ciutadans, la candidata Inés Arrimadas, valoró que la declaración supone un revés a Mas, mientras que Unió y el PSC celebraron la idea de un acuerdo para la consulta que da un poco de aire a su Tercera Vía.
Borrador del documento del Círculo de Economía sobre las elecciones del 27-S