El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó al Gobierno el año 2019 que estaba espiando a Pere Aragonès, entonces vicepresidente del Gobierno, según El Mundo. Por lo tanto, cuando el nombre del actual presidente de la Generalitat apareció entre los afectados por el CatalanGate en el informe de CitizenLab no debió de ser una gran sorpresa para el Gobierno. El diario cita dos fuentes que conocen el documento que el CNI presentó ante el Ejecutivo español, en el que el Centro justificaba las escuchas en Aragonès ante un juez. Bajo la sospecha de que Aragonès fuera el "coordinador" de los CDR, el CNI justificó utilizar el software Pegasus y así lo notificó a La Moncloa.
Esgrimiendo los CDR y Tsunami Democràtic, el CNI consiguió la autorización del juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas para intervenir el teléfono de Aragonès. La resolución del juez fue presentada a La Moncloa y el Ministerio de Defensa, "como siempre", remarcan las fuentes próximas al CNI de El Mundo. El diario afirma que la copia de la resolución que justificaba este espionaje fue uno de los documentos que se presentó a la comisión de secretos oficiales del Congreso.
Todo contrasta con la versión inicial de La Moncloa, la cual sostenía que no tenía conocimiento. La respuesta ante el estallido del escándalo del CatalanGate por parte del Gobierno ha pasado por varias fases y una vez abandonada la fase de negación, admitió algunas escuchas dentro de la legalidad y negó el gran número de víctimas que destapó CitizenLab, desmereciendo la investigación de estos. El reconocimiento de la legalidad de este espionaje implica que el Gobierno tenía que ser conocedor, hecho que reafirman fuentes del servicio de Inteligencia.
Confirmando que el espionaje a Pere Aragonès se realizó dentro de los marcos de la legalidad española, él mismo ha pedido que se desclasifique la autorización judicial que justificaba estas escuchas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha mantenido una de las posiciones más beligerantes en el escándalo del espionaje, afirmó el pasado martes que "estaría absolutamente encantada" de hacerlo.
Ni el CNI, ni la Generalitat
La respuesta del Gobierno delante del CatalanGate no ha conformado a nadie. Negar inicialmente que se tuviera información de este espionaje, para después reconocer que se tenía conocimiento de algunos casos, indignó al CNI, que afirmó que estaban "abandonados" y "desprotegidos" ante la respuesta de La Moncloa. El servicio de Inteligencia ha sostenido actuar dentro de la legalidad, hecho por el cual la destitución de su directora ha producido ampollas.
Finalmente, el pasado martes rodó la primera cabeza por el caso del espionaje, el de la exdirectora del CNI: Paz Esteban. Este movimiento del Gobierno no es bastante para el Govern de la Generalitat. Pero Esteban no ha caído por la investigación al independentismo, sino por la brecha de seguridad en los móviles del Ejecutivo español. Todo esto no satisface al Govern y los partidos que lo conforman, los cuales quieren responsabilidades por el espionaje masivo a independentistas.