La situación en Catalunya y el País Vasco ha cambiado. Aquí, el independentismo, desmovilizado, ya no supone una preocupación para el Estado como lo fue durante el otoño del 2017 y también durante octubre de 2019. Y allí, ETA hace tiempo que ya no existe y que los seguidores han abandonado las armas. Es por eso que esta semana el Gobierno ha tomado una decisión contundente: retirar del País Vasco a todos los agentes de la división antiterrorista del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y reducir los mismos a la mínima expresión en Catalunya. De esta manera, las posibles investigaciones en relación con los movimientos independentistas y los grupos más exaltados seguidores de ETA quedarán en manos, ya no del CNI, sino que de las fuerzas de seguridad del estado: la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El cambio, avanzado el miércoles por El Mundo, también se enmarca en la voluntad de mejorar las relaciones entre el Gobierno y sus socios en el Congreso de los Diputados. Y es que, según explican fuentes próximas al CNI, la intención es que las investigaciones en los grupos afectados sean directamente a fin de que "se desvinculen estas decisiones del ejecutivo y de las relaciones que mantiene con sus socios parlamentarios, tanto vascos como catalanes." ERC y EH Bildu han estado especialmente activos en presionar el gobierno central para que redujera la presencia de los agentes de inteligencia del Estado en cuestiones relacionadas con la política interna.
La derecha españolista, alarmada
Para el Partido Popular y Vox, esta decisión se ha recibido como si fuera un cubo de agua fría. Ambas formaciones han reaccionado airadamente. El jueves, la secretaría general de los populares, Cuca Gamarra, exigía explicaciones urgentes al ejecutivo por la retirada del CNI del País Vasco, cosa que tildaba de máxima gravedad, y pedía la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso. Ella misma ha señalado también al vínculo entre esta medida y el apoyo que necesita Sánchez por parte de Bildu, por lo que cree que se trata de una "nueva cesión" hacia el partido. "No es casualidad porque hablamos de Bildu, uno de los socios de Sánchez," ha lanzado.
Y este viernes, ha sido la ultraderecha quien ha seguido este camino. Vox ha pedido también la comparecencia de Robles, así como la del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora del CNI, Esperanza Casteleiro. Los ultras todavía han ido más allá, presentando una proposición no de ley para restablecer la presencia del cuerpo de inteligencia en Catalunya y el País Vasco. En el texto, Vox avisa de que "las actividades separatistas se siguen produciendo con total impunidad", lo cual supone "un gran peligro" para la nación española, su soberanía y la convivencia. "Estamos, así, en presencia de una nueva cesión del gobierno al separatismo radical que pone en serio riesgo la misma continuidad de España con el único objetivo de mantener al actual ejecutivo", brama el texto.