Los secretos de estado despiertan cada vez más sospechas sobre la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los personajes que lo rodean. Después de la controversia destapada esta semana por las declaraciones del excomisario y colaborador de la inteligencia española sobre los atentados del 17-A, el organismo se ha acogido este jueves a la ley de secretos oficiales para evitar confirmar a la Audiencia Provincial de Madrid si Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alías Petit Nicolás, trabajó para ellos, bien de manera directa o mediante una empresa interpuesta, o si fue objeto de seguimiento por sus agentes.

Secretos

El CNI ha rechazado así la petición de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, que le requirió, como prueba documental solicitada por un acusado en una de las causas en las cuales está procesado, entre otros, el pequeño Nicolás, que lo informara de si Gómez Iglesias prestó servicios para el centro de inteligencia. Según ha informado la agencia Efe, el requerimiento de la defensa de uno de los acusados forma parte de la causa en la cual la Fiscalía pide para el pequeño Nicolás nueve años y tres meses de prisión para crear una red para obtener información policial con el objetivo que se hiciera pasar por un alto cargo del Estado y ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero.

Durante la instrucción de esta causa, la Audiencia de Madrid ha pedido al CNI que, a petición de uno de los acusados, informe de sí el Pequeño Nicolás realizó labores para este organismo entre 2013 y septiembre de 2014 y si entre julio y septiembre de este último año fue objeto de seguimiento por parte de agentes del CNI. En su respuesta, en la cual ha tenido acceso Efe, el CNI insiste en que "a consecuencia de la especial singularidad de los cometidos y funciones asignadas" en el centro, cualquier información sobre sus actividades constituye información clasificada en grado de secreto, lo cual supone "un impedimento legal" para acceder a esta información. Recuerda además que, según el artículo 8.2 de la ley de secretos oficiales, solo podrán acceder a materias clasificadas los órganos y personas debidamente facultadas para eso. Después de esta respuesta, la defensa de uno de los acusados ha pedido en la Audiencia que exhorte en el CNI para que "remita la información que le ha sido solicitada sin censura".

'Departamento Seguridad Nacional'

Según la Fiscalía, durante 2014 Gómez Iglesias pidió información sobre la titularidad de matrículas de vehículos a dos policías municipales, los cuales accedieron a la base de datos de Tráfico sin estar autorizados para hacerlo. Estos datos eran utilizados por Francisco Nicolás con el fin de poder contactar con los titulares de las matrículas, a los que "los hacía creer que tenía una relación estrecha con diferentes organismos y autoridades de las administraciones públicas" y "los ofrecía su ayuda para hacer gestiones con la única finalidad de obtener dinero para una intermediación ficticia", asegura el escrito de acusación. Después, repartía las ganancias con los dos agentes municipales, con los que creó un grupo de WhatsApp denominado "Departamento Seguridad Nacional", en el cual se concretaba el dinero a repartir por cada una de las colaboraciones.