El Consejo de Garantías Estatutarias ha avalado por unanimidad el decreto ley para detener el 25% del castellano en las aulas elaborado por el Govern y que Vox, Cs y PP habían intentado parar en el Parlament. Después del visto bueno, ahora esta nueva norma seguirá su trámite en la cámara catalana, donde tendrá que someterse a votación y aprobación, aunque actualmente ya es vigente, ya que los decretos del Govern entran en funcionamiento tan pronto como se publican en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. El decreto, que elude los porcentajes y fija la responsabilidad en el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, tiene que servir para complementar la ley del Parlament pactada por PSC, ERC, Junts y comuns, que fue aprobada en el pleno de hace dos semanas.

En el escrito de 27 páginas el Consejo de Garantías considera que, a diferencia de lo que exponían los tres partidos de la derecha que lo recurrieron, la norma no es contradictoria con el Estatuto ni la Constitución. "El artículo por el cual se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, con respecto a la omisión de la declaración del castellano como lengua vehicular, no vulnera los artículos 3 y 27 de la Constitución ni los artículos 6 y 35 del Estatuto", fija el documento. En la disposición segunda, el Consejo de Garantías establece que con respecto al criterio de inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas, "no se vulneran los artículos 3 y 27 de la Constitución ni los artículos 6 y 35 del Estatuto". Ambas decisiones han sido tomadas por unanimidad.

Este decreto, cuando fue aprobado en el Consejo Ejecutivo, fue acompañado de una serie de instrucciones que la Conselleria trasladó a los centros educativos. Se trata de tres puntos que tienen como objetivo garantizar que el catalán es la lengua vehicular a las escuelas y dejar claro que el Departamento de Educación se hace responsable de cualquier consecuencia jurídica. En primer lugar, las direcciones de los centros tienen un plazo de treinta días para responder a un formulario de siete preguntas que sólo se tiene que contestar con un sí o un no. Las preguntas están relacionadas con qué uso se hace de la lengua catalana a cada centro. Por ejemplo, si la escuela utiliza el catalán como lengua de bienvenida a todos a los alumnos recién llegados. Solo que una de las preguntas se responda con un no, el proyecto lingüístico del centro no se adecua al decreto ley y tendrá todo el próximo curso para adaptarse. Si se responde con un sí a todas las preguntas, cualquier responsabilidad recae a partir de entonces en el Departamento. Las otras dos instrucciones son que los docentes de aquella escuela velen por el proyecto lingüístico y que la inspección del centro también vele para que eso se cumpla de esta manera.