El Consejo de Garantías Estatutarias ha avalado la ley sobre el catalán en la escuela impulsada por PSC, ERC, Junts y comuns, después de un bloqueo que se ha alargado más tiempo del previsto. Tan pronto como los cuatro partidos del Parlament llegaron a un acuerdo para aprobar una ley ad hoc para dar respuesta al la sentencia que impone el 25% del castellano a la escuela, Vox, Ciutadans y PP decidieron torpedearlo para conseguir que la ley no fuera aprobada antes del plazo que fijaba el ultimátum del TSJC para cumplir el 25%: el 31 de mayo. Finalmente los partidos no pudieron aprobar esta ley antes de este plazo, pero sí que lo podrán hacer esta misma semana.

Los tres partidos de la derecha recurrieron la ley en este órgano justificando que incumplía con el Estatuto y la Constitución, un hecho que ha negado el CGE. Ahora pues lo más probable es que se apruebe en el pleno de esta misma semana, el miércoles a primera hora antes de empezar la sesión de control al Govern. Sobre la acusación de Vox, Cs y PPC por la omisión del castellano como lengua vehicular, el CGE considera que la nueva ley establece "un uso más amplio" del castellano en el sistema educativo en comparación con la Ley de educación de Catalunya y la Ley de política lingüística. En esta línea, el CGE señala que a la nueva norma se recoge "explícitamente" el uso "curricular y educativo" del castellano, hecho que implica "reconocer la posibilidad de que se extienda sobre todo el conjunto de elementos que integran el sistema educativo".

También subrayan que la Constitución no establece un derecho de opción lingüística según lo que los padres de los alumnos puedan escoger la lengua de la enseñanza y hacen referencia a varias sentencias del TC en esta línea. El CGE también se pronuncia sobre la cuestión del porcentaje de castellano, y recuerda que el contenido de las resoluciones de los tribunales ordinarios "no constituye ningún parámetro para valorar la constitucionalidad ni la estatutariedad de las leyes". En este sentido, el ente argumenta que la decisión de aplicar porcentajes es una opción política educativa "legítima" pero remarcan que no es la única, y que por lo tanto, es una opción "de naturaleza esencialmente política" que corresponde al legislador. "Entender el contrario conduciría a atribuir a los tribunales una facultad de decisión política que rebasa la función jurisdiccional que les otorga la Constitución", exponen.

 

Así pues el miércoles mismo esta ley podrá quedar aprobada, después de dos meses de encallamiento para encontrar un consenso sobre el catalán en las aulas. Esta nueva ley fija el catalán como lengua vehicular y el castellano como lengua de uso curricular. La primera votación en el Parlament salió adelante el miércoles 25 de mayo, en el pleno, con un 77% del apoyo del hemiciclo. Aquella misma tarde en paralelo a que se celebraba el pleno, Vox anunciaba que por primera vez desde que tiene presencia en el Parlament, llevaría la ley al Consejo de Garantías, un órgano que los ultras siempre han despreciado asegurando que no hace ningún trabajo útil. Si les ha servido, sin embargo, para bloquear la aprobación de esta ley que finalmente se llevará a cabo esta semana.

Tan pronto como el CGE ha compartido su dictamen, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, lo ha celebrado. Ha sido en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, donde ha argumentado que hay que combatir los ataques de los tribunales a partir del paquete de acciones que engloba esta ley, como también el decreto del Govern. De hecho este decreto también se encuentra a estas alturas en manos del CGE, ya que los tres partidos de la derecha repitieron la maniobra. Plaja ha insistido en que la defensa de la escuela catalana tiene que contar con la máxima unidad posible, y ha subrayado que el ejecutivo ya preveía y esperaba que el Consejo de Garantías diera luz verde al texto.