El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se asoma a unos días frenéticos de contactos y negociaciones para resolver el bloqueo que existe en el órgano de gobierno de los jueces, que tiene el mandato caducado desde hace cuatro años y medio. Los 8 vocales considerados progresistas llevan días de intercambio de mensajes para decidir si dimiten en bloque para empujar hacia la renovación de la cúpula judicial. De hecho, el grupo se reunirá este martes por la tarde para consensuar una posición común con la cual se quieren presentar al pleno del CGPJ, que está convocado para este jueves. La idea de que sobrevuela de dimitir a la vez dejaría el cónclave sin el cuórum mínimo para tomar decisiones, pero lo cierto es que también plantea dudas jurídicas de la legalidad y las consecuencias prácticas que provocaría.
El planteamiento lo ha suscitado el magistrado Álvaro Cuesta a raíz de la renuncia todavía no aceptada de Concepción Sáez. De hecho, 5 de los 8 vocales ya se reunieron el viernes pasado y la intención es salir de la reunión de este martes -que se puede alargar hasta el jueves mismo- con una idea más clara. Por ahora no hay consenso sobre la cuestión nuclear, que la dimisión conjunta sirviera para estimular la renovación por parte del PSOE y el Partido Popular, a quien acusan de degradar la institución que rige el gobierno de los jueces y de mantenerlo en una situación de interinato "inaceptable".
En el encuentro de este martes, al margen de los mencionados Cuesta y Sáez, también están citados el presidente interino, Rafael Mozo, los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Enrique Lucas.
Una retahíla de dudas
Los 8 vocales –seis designados por el PSOE, uno por Izquierda Unida y otro por el PNV- también dudan de que la acción conjunta sea realmente efectiva. Ellos plantean que, al dimitir, el CGPJ quedaría bloqueado porque necesita al menos a 11 vocales para formar el pleno (10 más el presidente) y la salida de los 8 progresistas dejaría solos a los 10 conservadores. Precisamente, desde este bloque han replicado en los últimos días que el mínimo imprescindible para funcionar podría bajar a la decena de vocales al considerar que Rafael Mozo, como presidente interino por la marcha de Carlos Lesmes, es un vocal más para la suma.
Otro argumento del ala conservadora que, en caso que el pleno no se pudiera reunir por falta de cuórum, el CPGJ podría funcionar igualmente gracias a la Comisión Permanente aunque no queda claro si podría trabajar sin el presidente del pleno. A la vez también está la amenaza penal que airea el bloque conservador, que advierte que, si dimiten conjuntamente, sus homólogos progresistas podrían cometer un delito de abandono de la función público, el mismo que incurrieron los controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo en el 2010 como medida de fuerza en una huelga. Ahora bien, el planteamiento es de la renuncia por goteo, uno a uno, circunscribiéndola a una decisión individual y no grupal. En este sentido, el presidente interino Rafael Mozo sí que tendrá que aceptar o no la dimisión de Concepción Sáez, que se ha convertido en el detonante de este enredo.
En cualquier caso se considera que activar este plan, aunque quedara en el terreno simbólico, añadiría un elemento de presión más sobre los grandes partidos de quienes depende de la renovación y un golpe de efecto potente de cara a la opinión pública.
El PP ve presiones del gobierno Sánchez
En el marco de este procés de negociación, el vicesecretario del PP, Borja Sémper, considera que la jugada de los vocales progresistas "degrada" al CGPJ y denuncia que, según informaciones periodísticas, "hay presiones" del gobierno central para que se ejecute. Por su parte, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado al PSOE que sea "valiente", dé un "paso adelante" y muestre "voluntad política" impulsando uno reforma que rebaje las mayorías actual en el Congreso para escoger a los vocales. Según Fernández, es la única manera de superar "el secuestro" de un PP que "parasita" instituciones.