24 horas tras la reunión entre el vicepresidente Oriol Junqueras y la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, el diálogo entre España y Catalunya sigue con intervenciones del Tribunal Constitucional. El Estado ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la ley catalana contra desahucios y pobreza energética.
La titular del Gobierno ha querido aclarar que no eran objeto de recurso las medidas de pobreza energética en la parte sustantiva "tal como han sido redactadas finalmente", ha dicho. Santamaría ha hecho hincapié en que, en cambio, se recorren ciertos "aspectos procesales", como el proceso de mediación de la misma ley y "aspectos civiles" relativos al derecho de propiedad. En concreto, la vicepresidenta ha apuntado la particularidad de la justicia como poder único, competencia del Estado. Entre los casos citados ha comentado el contrato de fianza, por el que "debe ser único su tratamiento".
Así las cosas, ha expuesto que los acuerdos y convenios con los proveedores del servicio para garantizar un fondo de ayuda, o el capítulo sobre el adecuado alojamiento de personas en riesgo de exclusión social no serán objeto de recurso. "Estas cuestiones preocupaban especialmente el señor Junqueras y las podrá seguir haciendo", ha expresado.
Los artículos serán suspendidos cuando la causa entre en trámite, para no incurrir en "daños irreparables" y agravios contra "el principio de igualdad de los españoles por leyes similares en otras autonomías", ha indicado la vicepresidenta en funciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes. Pero sobre la "judicialización de la política", se ha quejado el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, que pensar en estos términos "es no entender absolutamente nada sobre qué es la administración pública", ha dicho.
Después de los encuentros entre los presidentes y vicepresidentes, se esperaba un gesto por parte del Estado en el sentido de que no se suspendiera ningún elemento de la ley. "No podemos aplicar un criterio político y no jurídico", se ha defendido Santamaría. También ha indicado que la acción contra la ley catalana es fruto de un informe emitido por el Consejo de Estado. Santamaría ha recordado que existían las comisiones bilaterales donde gobierno central y autonomías pueden llegar acuerdos sobre interpretaciones legales, antes de recurrir al TC.
La vicepresidenta en funciones ha reiterado que Catalunya también tenía causas abiertas contra el Estado, que pueden acabar en recursos en el alto tribunal. "A ver si no nos llevan al Tribunal Constitucional", ha respondido, sobre el requerimiento que había formulado la Generalitat para las cuestiones relativas a la eficiencia energética, al que hoy ha dado contestación el Consejo de Ministros.