La sensación en el Palau de la Generalitat es que en la Moncloa tienen la intención de aprovechar la reunión de la comisión bilateral Estat-Generalitat convocada para el próximo lunes para ir posponiendo responsabilidades y no entrar a debatir los múltiples temas concretos pendientes de resolución. Así lo han expresado el vicepresident Jordi Puigneró y la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
A tres días para la cita, todavía no se ha conseguido cerrar definitivamente el orden del día, básicamente porque, según explica el Govern, por la parte española se quedan en la parte más genérica, en vez de entrar en profundidad. Además, el equipo de Pedro Sánchez no acepta la demanda de la Generalitat de incorporar al guion del lunes la gestión de los fondos europeos, que se tratarán a la conferencia de presidentes de mañana viernes y a la cual el president Aragonès no tiene previsto asistir.
56 traspasos pendientes
Entre las cuestiones concretas que llevará el Ejecutivo catalán a la carpeta hay 56 traspasos, muchos de ellos históricos y pendientes desde hace años. También hay deudas que se arrastran desde hace décadas, como es el caso de la famosa disposición adicional tercera, que es la inversión que el Estado tiene que hacer a Catalunya para financiar infraestructuras. Una factura impagada que asciende a 3.800 millones de euros, según ha confirmado el vicepresident. Otro incumplimiento flagrante es el de la financiación de la ley de la dependencia. La previsión es que el Estado inyecte a Catalunya el 50% de los recursos y actualmente la inversión se sitúa únicamente al 15%.
Desde el gobierno ERC-Junts se plantean esta comisión bilateral como el termómetro para detectar la predisposición real del tándem PSOE-Podemos en relación a la resolución del conflicto. "El Estado tiene una oportunidad por demostrar si realmente en aquellos asuntos autonómicos tiene la voluntad que dice tener", ha manifestado Puigneró. En resumen, están expectantes pero con pocas expectativas.
La última vez fue en agosto de 2018, cuando el Estatut fija que se tiene que celebrar dos veces al año. Durante siete años, entre el 2011 y en el 2018 no hubo ninguna. Ahora que se reprende, la Generalitat quiere imprimir ritmo, y que la mayoría de temas pendientes se puedan ir cerrando de cara al otoño.
Imagen principal: Puigneró i Vilagrà, en la reunión bilateral. - Sergi Alcàzar