La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciado este jueves que el fiasco de las oposiciones obligará a repetir todos y cada uno de los exámenes que se tenían que hacer el sábado pasado a 13.581 personas, porque no se ha podido salvar finalmente ninguno. Vilagrà ha explicado que no se pueden exponer ahora a impugnaciones, que serían previsibles, y por eso intentará realizar los exámenes nuevamente con los medios propios de la Generalitat, a la vez que rescindirá el contrato que había firmado con la empresa subcontratada Cegos.
La conselleria hará en este sentido un llamamiento para llenar una bolsa de funcionarios voluntarios con el fin de vigilar en los exámenes, que se celebrarán el 1 de julio (agentes rurales, penitenciaría y transversales) y el 8 de julio (funcionarios). Estos voluntarios harán el trabajo que estaba encargado hasta ahora a la empresa subcontratada, a la que el Govern ha decidido rescindir el contrato a raíz del desbarajuste. Vilagrà ha asegurado que estos nuevos exámenes "se harán con todas las garantías".
Indemnizaciones
El Govern ha acordado también indemnizar a los 13.500 aspirantes, para compensar las molestias que les ha causado, si bien Vilagrà no ha concretado la cifra de dinero que recibirán. En todo caso, esta compensación será global, y no será necesario que los aspirantes la reclamen individualmente.
Vilagrà no ha dado datos tampoco del coste que el fiasco puede representar para las arcas de la Generalitat, y ha indicado que todavía lo están analizando. Lo que sí ha explicado es que 3.069 personas han comunicado incidencias "muy graves o graves", y que según sus cálculos el 100% de los procesos opositores han quedado afectados en al menos una de las aulas. En total estaban en marcha el sábado 72 procesos, y han quedado afectadas el 99,7% de las 1.825 plazas licitadas. Eso ha comportado que, para garantizar el procedimiento, "se hayan anulado todos los exámenes del sábado".
Aparte de rescindir el contrato con la empresa Cegos, la consellera ha indicado que están estudiando posibles medidas legales, pero por ahora tampoco están decididas. Vilagrà ha hecho la rueda de prensa después de reunirse con los sindicatos CCOO, UGT e IAC-CATA, para tratar del desbarajuste del sábado. Los problemas se produjeron de forma generalizada aunque las pruebas se realizaron de forma descentralizada: 9.147 personas estaban convocadas en Barcelona; 1.246, en Girona; 1.634, en Lleida, y 1.554, en Tarragona.
A raíz de la polémica con las oposiciones, el Govern destituyó a la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, y el martes nombró a su sustituta, Anna Maria Molina Cerrat. Varios partidos de la oposición, entre ellos Junts, piden que Vilagrà también asuma responsabilidades.