"No nos temblará el pulso, pero las medidas tienen que ser sólidas". Así se ha expresado el president de la Generalitat esta tarde en relación a la posibilidad de que el Govern decrete el toque de queda en Catalunya. Pere Aragonès y el resto de conselleries implicadas disponen ya del informe del gabinete jurídico del ejecutivo, que avala la imposición de un confinamiento nocturno siempre que no sea homogéneo para toda Catalunya. Una medida de estas características requiere del aval del TSJC. En paralelo, la voluntad del Govern es intensificar las conversaciones con los alcaldes y alcaldesas para contar con el máximo cuórum posible.
Los servicios jurídicos del Govern toman como referencia la jurisprudencia existente por parte del Tribunal Supremo —que ya se ha pronunciado con anterioridad sobre esta materia— y la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, que bebe, precisamente, de esta jurisprudencia. Según estos textos, no hay opción de dictar un toque de queda general, porque para hacerlo sería necesario que estuviera activo el estado de alarma. Como no es el caso, hay que delimitar la restricción territorialmente, teniendo en cuenta la incidencia acumulada. "Si se acaba haciendo, no será de carácter general, afectará a los territorios de Catalunya de más incidencia, en base a los indicadores que marcan dónde hay más gravedad", ha adelantado Aragonès durante una comparecencia al lado del jefe de gobierno de Andorra.
Según ha explicado el president, el gabinete jurídico aconseja que antes de dar el paso de adoptar una medida tan drástica como el toque de queda, que afecta a un derecho fundamental, se agoten otros caminos. Es decir, que se emprendan medidas previas para intentar parar el golpe. Aragonès ha garantizado que su gobierno hará "todo lo que esté a su alcance para parar esta ola", y que lo hará intentando "preservar al máximo la vida económica". De momento, se está a la espera de la validación del TSJC de las restricciones anunciadas hace 24 horas, que prevén el cierre de todas las actividades a las 00.30 y la reducción del número de personas que pueden reunirse. Si se aceptan, entrarán en vigor antes del fin de semana.
Tensión con los ayuntamientos
Sea como sea, el jefe del ejecutivo catalán ha querido remarcar que no se trata sólo de una cuestión jurídica, sino que hay que buscar el consenso y la complicidad de las administraciones locales, que son las que se tendrán que encargar de gestionar el espacio público. "Lo queremos trabajar con el mundo local, especialmente en los municipios donde hay más incidencia", ha dicho. En este sentido, a lo largo del día de hoy ampliará los contactos con los alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades.
Ante las quejas de varios ayuntamientos que consideran que el Govern les pasa la patata caliente de luchar contra las aglomeraciones cuando no tienen la capacidad operativa para hacerlo, Aragonès ha querido poner en valor "la experiencia de patrullas conjuntas entre policía local y Mossos", que por ejemplo se ha puesto en práctica este pasado fin de semana en Barcelona. Desde su punto de vista ha servido para conseguir "una relativa tranquilidad en el espacio público". Con todo, fondos del Govern apuntan que no hay bastantes efectivos de Mossos para llegar a todas partes.