El Govern ha admitido que la sentencia del TJUE que concluye que el vicepresident Oriol Junqueras tenía inmunidad cuando fue condenado por el Tribunal Supremo puede afectar a la clasificación final de los presos. "Puede haber, obviamente, algún cambio", ha asegurado la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Las juntas de prisiones pidieron el 11 de diciembre el segundo grado para los presos, pero la clasificación definitiva está pendiente de la decisión final de la Secretaria de Mesures Penals, que forma parte de la Conselleria de Justícia y dispone de dos meses para tomar una decisión. La propuesta de las juntas fue resultado de un largo debate en el cual no se consiguió la unanimidad.
El conseller Jordi Turull, encarcelado en Lledoners, advertía este domingo en una entrevista en Catalunya Ràdio que sería incomprensible que no se les concediera el tercer grado, especialmente después de la sentencia del TJUE. El tercer grado permitiría a los presos salir de la prisión durante el día.
Budó ha explicado que la decisión depende de los técnicos, pero ha admitido que es un hecho "evidente" que desde el momento en que las juntas se pronunciaron y la decisión final de la secretaría se ha producido la sentencia del TJUE.
De hecho, el Govern reclama que el Tribunal Supremo "obedezca" la sentencia del TJUE sobre la inmunidad del vicepresident Oriol Junqueras y lo deje en libertad, sin dilatar más la decisión para que pueda pasar la Navidad con su familia.
"Esta sentencia invalida el juicio, que se tendría que declarar nulo y que todas las presas puedan ser liberadas", ha añadido.
Budó se ha referido también al hecho de que, gracias a la sentencia del TJUE, Carles Puigdemont y Toni Comín han conseguido su acreditación en el Parlamento Europeo a pesar de los obstáculos impuestos por la justicia española. "Denunciamos este alejamiento cada día más claro y notorio de la justicia española de la justicia europea", ha advertido la consellera.
En cuanto a la condena de inhabilitación de Torra dictada por el TSJC, la consellera ha explicado que el Govern estudia diferentes escenarios con el objetivo de garantizar "la defensa" de la presidència de la Generalitat y de la institución.
La consejera ha respondido también al posicionamiento aprobado en el congreso que ERC celebró este fin de semana que sitúa el diálogo y la vía negociada como opción prioritaria para alcanzar la independencia.
Budó ha recordado que "el Govern en conjunto aprobó poder ejercer el derecho a la autodeterminación y esta es el posicionamiento del ejecutivo".