Ha empezado a caer la lluvia pero la situación de sequía no se acaba, ni mucho menos. De hecho, después de reunir la comisión interdepartamental de la sequía, el Govern de la Generalitat ha acordado este martes la entrada de siete nuevas zonas de Catalunya a la fase de excepcionalidad. Se trata de las áreas de Anoia-Gaià, la cabecera del Ter, el embalse de Darnius-Boadella, el Empordà, el Llobregat Mitjà, Prades, Llaberia y la Serralada Transversal. De esta manera se pasa de 224 a 495 municipios en excepcionalidad, con una población de unos seis millones de personas. Si bien las lluvias de los últimos han sido "positivas", el director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, ha avisado de que todavía es "insuficiente". En la misma línea, la portavoz Patrícia Plaja ha señalado que "no es solo un problema de falta de lluvias, sino también de altas temperaturas".
De esta manera, según ha detallado el director de la Agencia Catalana del Agua, con la decisión tomada este martes hay 495 municipios catalanes en situación de excepcionalidad, 28 en fase de alerta, 54 en fase de prealerta y 43 más en situación de normalidad. Después de las lluvias de los últimos días, el director de la ACA ha advertido que "necesitaríamos que todo el mes de mayo fuera así" para poder salir de la situación de sequía. Pero sí que dan "un par de semanas de margen" a las reservas de agua.
¿Qué restricciones tienen los municipios en situación de excepcionalidad? Entre muchas medidas, se prohíbe la limpieza de calles y fachadas con agua potable, se prohíbe el uso de agua para el riego de jardines y zonas verdes de carácter público o privado (excepto el riego de supervivencia), se intensifica la reducción del consumo de agua industrial o se establece una dotación máxima de 230 litros por habitante y día.
Medidas en el Parlament
La vista también está fijada en el Parlament de Catalunya. Es una semana decisiva para acordar nuevas medidas urgentes para luchar contra la sequía. El pleno de este martes debatirá la tramitación en lectura única de la proposición de ley de Junts per Catalunya que incorpora una moratoria a las sanciones en los ayuntamientos y que reclama invertir 500 millones de euros en el impulso de infraestructuras que palíen la escasez de agua que vive el país, donde no llueve en el régimen habitual desde hace más de 30 meses. Este trámite permitiría que el debate final llegara este mismo jueves y, por eso, las reuniones entre los junteros con el Govern se han intensificado para tratar de explorar un acuerdo. A finales de la semana anterior, Esquerra Republicana abría la puerta a aplazar las sanciones hasta que se convoquen las ayudas y subvenciones en los municipios para que puedan adoptar las medidas necesarias para combatir la sequía. Pero la otra solución recae en las inversiones: este mismo fin de semana, Junts per Catalunya ha concretado en el Gobierno las 13 inversiones que ve imprescindibles para que haya un acuerdo.