El Gobierno español ha elegido el 20N para imponer a la Generalitat de Catalunya condiciones políticas y administrativas mucho más estrictas que al resto de comunidades para acceder a la financiación procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Se trata "de evitar que no se incurre en ninguna ilegalidad", según han explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

La condicionalidad, ha dicho Montoro, quiere asegurar "que ningún euro vaya a un destino diferente del previsto ni abra margen a que desde el presupuesto de la Generalitat se pueda ir contra nuestras leyes y nuestra Constitución". Para el ministro, "no tendría que haber ningún problema para asumir esta condicionalidad", que "va orientada a financiar los servicios públicos esenciales".

Catalunya recibirá una aportación extra de 3.000 millones de euros del excedente del FLA 2015 si respeta estos controles más estrictos:

    • El FLA se abonará en tramos, en función del cumplimiento de las condiciones establecidas por el Gobierno español (como hace la UE con Grecia, por ejemplo).
    • El FLA "pagará exclusivamente servicios públicos fundamentales".
    • Se abonará por tramos en función del cumplimiento de las mencionadas condiciones.
    • Se obliga a la Generalitat a conectar su sistema telemático con el del Ministerio de Hacienda para que éste pueda seguir la ejecución presupuestaria catalana movimiento por movimiento.
    • El interventor tendrá que emitir un certificado mensual de la ejecución de todo el presupuesto, dejando constancia que los gastos de la Generalitat no contravienen el ordenamiento jurídico.
    • Las operaciones de endeudamiento se aprobarán en Madrid operación por operación.
Se trata de una intervención de hecho y casi completa de las finanzas de la Generalitat de Catalunya. Si la política es el presupuesto, la acción de la Generalitat queda del todo acondicionada a la autorización del gasto, movimiento por movimiento, de Madrid, que podrá bloquear cualquier operación si considera que no cumple criterios de "lealtad constitucional".

Antes de Montoro, Sáenz de Santamaría, ha aludido al "incumplimiento de sus obligaciones [de la Generalitat]", sin especificar cuáles, y a las "manifestaciones de los gobernantes" catalanes, para justificar la toma de control desde el Gobierno español de las finanzas catalanas.

Bloquear el proceso

Hace unos días, Montoro ya advirtió que la financiación de la Generalitat quedaría condicionada al desarrollo del proceso independentista. Hoy se puede entender el retraso en el pago de 2.600 millones de euros del FLA que Hacienda tenía que traspasar a la Generalitat en enero pasado para financiar el déficit del 2014: ahora quedan sometidos a las mencionadas condiciones.

El Departament de Economia, sin embargo, recuerda siempre que no recibe directamente los ingresos del FLA, sino que envía las facturas con los pagos pendientes y es el Ministerio, a través del FLA y del Plan de Proveedores, quien las abona. La Generalitat “no puede disponer libremente” del dinero del FLA, que no se ingresa, en ningún caso, en la tesorería de la conselleria.

El Departament subraya que el FLA "no es ningún regalo”, sino un préstamo por el cual la Generalitat ya ha pagado al Estado 1.900 millones de euros. Sólo este año, el FLA ha cobrado interés cero, pero el año que viene impondrá un 0,8%. Es decir, el dinero del FLA que ahora se condiciona procede de los mismos impuestos pagados por los catalanes que el Estado les devolvía con intereses. Ahora también con condiciones.