El Govern ha autorizado en su primera reunión de este año a los departamentos de la Generalitat a realizar las "acciones oportunas" para garantizar a los expresidentes de la Generalitat "la atención y el apoyo que necesiten para asegurar su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida y que puedan cubrir sus necesidades personales y sociales básicas".
La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha querido subrayar que "el origen de esta modificación está en la enfermedad del president Pasqual Maragall", que el año 2007 comunicó que padecía Alzheimer, y que "no se deriva ningún beneficio económico o material para el president Puigdemont, que ya tiene garantizado su oficina". De hecho, Artadi ha asegurado que no le consta que Puigdemont haya pedido cobrar su sueldo y ha recordado que el expresident Jordi Pujol renunció a percibirlo.
El estatuto de los expresidentes quedó regulado por una ley del 2003, cuando Jordi Pujol abandonó la presidencia, con la voluntad de garantizar que puedan atender sus necesidades con la dignidad que corresponde a alguien que ha ejercido la máxima representación institucional de Catalunya.
No obstante, desde el Govern se argumenta que desde entonces "las circunstancias personales de los expresidentes" han cambiado y también la situación personal e individual de cada uno. En concreto, desde el ejecutivo se señala factores como estar en activo, la edad o la salud que requieren atenciones y necesidades diferentes. Todo obligaría a adaptar la normativa a la situación personal de cada uno de ellos y a las nuevas necesidades que "van surgiendo".