El Govern ha decidido dar el paso e iniciar los trámites para llevar el Estado a los tribunales por impago. Así lo ha acordado en el Consejo Ejecutivo de este martes a petición del vicepresidente Pere Aragonès, tal como ya anunció en una comparecencia la semana pasada en el Parlament. Concretamente, se le reclaman 1.317 millones de euros procedentes de la mejor recaudación del 2019 y de una parte del IVA del 2017 que se tenía que liquidar este año.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha justificado la decisión al considerar que "son dinero de la administración catalana" y ha defendido que el Estado "tiene que cumplir con sus obligaciones con las comunidades autónomas". Budó también ha explicado que el Govern ha estado en contacto con otras comunidades, también afectadas por estos impago, y ha asegurado que tanta Castilla y León como Galicia llevarán el caso en los tribunales, todavía se hará por separado.
Además, Budó ha reprochado al gobierno de Pedro Sánchez que justifique el impago con el hecho de estar en funciones, cuando considera que es "una acción administrativa ordinaria" y "legalmente exigible" a pesar de las circunstancias, además lo ha acusado de "proyectar sus problemas internos en el resto de administraciones".
Los recursos que la Generalitat reclamará al Estado, a través de la presentación ante los tribunales de un contencioso administrativo, se elevan a 1.317 millones de euros e incluyen 874 millones correspondientes a la actualización del anticipo para la mejora de la recaudación tributaria del año 2019 y 443 millones procedentes de un cambio normativo en la gestión del IVA que Hacienda introdujo el año 2017 y que provocó una pérdida para las comunidades equivaliendo a la recaudación de un mes. Una deuda que se tendría que haber devuelto el año 2019, con la liquidación del IVA del ejercicio 2017, y que todavía está pendiente.