El gobierno municipal de Tarragona, ahora en manos del PSC, prepara ya el decreto para retirarse como acusación particular del caso Inipro. Se trata de una medida que ya anunciaron en campaña municipal y se acabará materializando, aunque todavía no se sabe cuándo se firmará el decreto para retirar el Ayuntamiento de la acusación.

El año 2020, el consistorio, con el exalcalde republicano Pau Ricomà al frente, se personó como parte perjudicada. También lo hizo la CUP, quien ahora acusa al PSC "de utilizar la institución municipal en beneficio del partido". Hay que recordar que se trata de un caso de supuesta corrupción que salpica el exalcalde socialista de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros. Ahora que su partido vuelve al consistorio, este se retire de la acusación. Los cupaires han llevado su indignación a las redes donde han tildado de "vergonzosa" la actuación del Ayuntamiento de Tarragona en el caso Inipro.

La causa se centra en el contrato suscrito el año 2010 entre el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante, pero, según el juzgado de instrucción 1 de Tarragona, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, lo que se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC.

Otros casos mediáticos en Tarragona: IQOXE

El presidente de la Audiencia de Tarragona, Joan Perarnau, ha apuntado que el juicio de la pieza principal de IQOXE no se señalará, como mínimo, hasta dentro de dos años. La titular del Juzgado de instrucción número 1 cerró las diligencias este jueves procesando la empresa y los tres exdirectivos investigados por la explosión en la planta de la Canonja el 14 de enero de 2020. Aunque se trate de un asunto "grave" por la muerte de tres personas y la alarma social que provocó el accidente, Perarnau ha explicado que el juicio tiene una preferencia ordinaria, ya que no hay ninguna persona en prisión preventiva ni se trata de un caso de asesinato o con jurado popular. También prevé que la instrucción de la pieza de las licencias esté terminada pasado el verano.