El gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención de llevar a los tribunales el decreto por el cual el Institut Català de Finances avala las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat. Ha vencido el plazo legal de tres meses para recurrir el fondo ante el Tribunal Constitucional y el Gobierno no ha movido ficha.
Fuentes de la Moncloa, citadas por El Periódico, confirman que no se impugnará el acuerdo. El hecho de que el Consell de Garanties Estatutàries avalara el decreto y que la Abogacía General del Estado no haya cuestionado su legalidad son los argumentos que han llevado al ejecutivo español para no plantear una batalla jurídica sobre esta cuestión.
"No ven nada"
Desde la Moncloa se apunta que no tiene sentido recurrir el decreto porque los servicios técnicos "no ven nada". "Nadie ve motivos ni alega incumplimiento de la ley", afirman.
El decreto aprobado por el Gobierno el 6 de julio, convalidado días después por el Parlament, preveía la creación de un Fondo Complementario de Riesgos, con el cual se preveía cubrir las fianzas de 5,4 millones impuestas por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Govern. Los fondos serían aportados por el Instituto Catalán de Finanzas.
La abogacía del Estado se inhibe
El Tribunal de Cuentas cuestionó la legalidad de los avales y pidió su opinión a la Abogacía del Estado, que evitó pronunciarse sobre la cuestión. Al inhibirse argumentó que no podía emitir un informe porque la Abogacía del Estado "tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas en la cual este informe se incorporaría". De esta manera, el organismo que depende del Ministerio de Justicia evitaba implicarse en el contencioso.
Con todo quedan vivos diferentes procedimientos a los tribunales. Por una parte está la investigación abierta a la Fiscalía de Catalunya a raíz de una denuncia presentada por Ciutadans, por otra el TSJC tiene que resolver si admite a trámite las denuncias presentadas contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el conseller de Economía, Jaume Giró, y la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.
La fiscalía ya ha tomado declaración a tres miembros independientes del Institut Català de Finances que terminaron en desacuerdo con la medida y que han ratificado sus reservas ante el ministerio público.
Pendientes del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas todavía no ha decidido si acepta los avales presentados por 29 de los 34 encausados. Estaba a la espera de la Abogacía del Estado, pero esta ya se inhibió del caso el 21 de septiembre.
Precisamente ayer jueves, el Parlament volvió a avalar, como ya hizo el pasado 29 de julio, la creación de un Fondo Complementario de Riesgos con el objetivo de "proteger todos los servidores públicos" y hacer frente a las reclamaciones judiciales o administrativas a trabajadores públicos y altos cargos.
Imagen principal, el conseller de Economía Jaume Giró / Sergi Alcàzar