Acción pionera. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha anunciado este lunes que el Govern se ha personado como acusación popular en la causa de Carles Vallejo, que hace unos meses presentó la primera querella por torturas en la Jefatura de Via Laietana el 1971, durante el franquismo, en un juzgado de Barcelona, con el apoyo de Irídia y Òmnium Cultural. "Catalunya vuelve a ser pionera en memoria democrática: hay que investigar los crímenes del franquismo, no para castigar, sino para obtener una verdad jurídica", ha afirmado Ubasart, al lado de Carles Vallejo, y al mismo tiempo ha agradecido el trabajo de las entidades memorialistas. Vallejo ha agradecido el apoyo de la Generalitat y ha asegurado: "Mi querella no es a título particular, sino por todos los que padecieron torturas durante la dictadura. Somos represaliados, más que víctimas".
Precisamente, la Fiscalía de Barcelona anunció la semana pasada que pedía el archivo de la querella de Vallejo por prescripción, a pesar de admitir que presentó su escrito en el juzgado antes de que fuera nombrada la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Dolores Delgado, que tendrá que unificar criterio con base en la nueva ley española de memoria democratica, la LO 20/2022, que entró en vigor el diciembre pasado.
Generalitat habilitada
La querella de Carles Vallejo recayó en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona, y ahora se le ha añadido la acusación popular de la Generalitat, acción que la consellera ha anunciado este lunes, coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Torturas. La consellera de Justícia ha explicado que el Govern se puede personar como acusación popular porque el marzo pasado se modificó una norma de los Servicios Jurídicos para que la Generalitat pueda personarse en los casos de denuncias por odio, discriminación, y que considera que también tienen cabida las querellas por lesa humanidad como la de Vallejo, “porque son delitos que no prescriben”, ha insistido Ubasart.
La comisaria de Via Laietana
La consellera también ha manifestado que considera que la Fiscalía de Barcelona ha errado al pedir el archivo de la causa por torturas de Vallejo porque la nueva ley española de Memoria en su articulado, además de crear una fiscalía de sala especializada, también recoge “el derecho de tutela judicial” de las personas que fueron represaliadas en el franquismo y la Transición. Hasta ahora, el argumento jurídico, además de la prescripción, es que la ley de amnistía de 1977 prohibía estas investigaciones, negado por algunos juristas, a pesar de admitir que una vez identificados los acusados o autores de torturas, tienen que ser amnistiados.
La consellera de Justícia también ha expuesto que la ley catalana de memoria, en tramitación parlamentaria, también dota las instituciones para solicitar que se aclare la verdad. “Es un deber de justicia y reparación que tenemos para todos aquellos que se dejaron la piel”, ha declarado Ubasart, que también ha apelado que el gobierno español, el catalán y el Ayuntamiento de Barcelona han de llegar a un acuerdo para resignificar la Jefatura de Vía Laietana 43 en un espacio de memoria. Precisamente, este martes, la Comisión de la Dignidad vuelve a convocar una concentración ante el edificio policial para exigir que esta casa de los horrores pase a ser un espacio de memoria.
Los denunciados por Vallejo
Carles Vallejo presentó la querella contra Vicente Juan Creix, Genuino Nicolás Navales García, Rafael Núñez Valverde, Francisco Javier Vázquez Torres, José Antonio González Juan y Francisco Manuel Escobedo García. Los acusa de haberlo detenido y torturado en 1970 y 1971 por su actividad sindical y por pertenecer al entonces clandestino PSUC.
Vallejo no se ha mostrado sorprendido de que la Fiscalía pida el archivo de su querella, pero ya ha anunciado que presentarán recurso en la Audiencia de Barcelona, si finalmente la magistrada Carmen García opta para seguir el posicionamiento del ministerio público.
Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2022, ha habido disparidad de criterios: una jueza del Ferrol no admitió una querella por crímenes del franquismo, mientras que un juez de Madrid acaba de admitir una querella contra José Villarejo y otros tres miembros de la brigada Político Social.