En pleno retroceso en el retorno a la normalidad pospandémica, el Govern de la Generalitat trabaja para levantar cabeza, intentando evitar que los pasos atrás con respecto a la covid interfieran en la acción de gobierno. En la reunión de este martes, el ejecutivo encabezado por Pere Aragonès ha validado las líneas maestras del plan de gobierno, que fija las prioridades de cara a la legislatura. A falta de concreción, el foco informativo ha seguido puesto en las nuevas medidas anunciadas hace 24 horas y en las que podrían llegar en los próximos días. La más relevante, la posibilidad de volver a decretar un toque de queda, como ha hecho el gobierno valenciano, en los municipios donde la incidencia de la covid es más acusada.
Sin el estado de alarma, la decisión sobre la imposición del confinamiento nocturno tiene que contar con la autorización del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Es por eso que el gabinete jurídico de la Generalitat estudia la resolución emitida por la justicia del País Valencià, que avala el toque de queda decretado en 32 municipios de aquel territorio a partir de hoy, entre la una de la madrugada y las seis de la mañana, "por si se tiene que dar el paso de aplicarlo". "Es cierto que el Tribunal Superior de Justícia de València allana el camino, y está sobre la mesa", ha explicado la portavoz, Patrícia Plaja. La previsión es que el informe jurídico del Govern esté terminado este mismo martes.
Imagen de la reunión del consejo ejecutivo, este martes. / P. J. Muñoz
Restricciones a partir del fin de semana
La pregunta es por qué el Govern no aprovechó ya ayer para solicitar el toque de queda al TSJC, como sí que ha hecho con otras medidas que afectan derechos fundamentales, como la limitación del número de personas que se pueden reunir. El argumento de la portavoz ha sido que así como estas últimas medidas ya se habían pedido con anterioridad al TSJC, en el caso del confinamiento nocturno no se había dado la circunstancia y por lo tanto "hay que ser muy cuidadoso". En cualquier caso, las restricciones comunicadas este lunes todavía no han entrado en vigor, porque están pendientes del visto bueno judicial, que puede tardar tres días. La previsón del gobierno es que como muy tarde el fin de semana, la madrugada de viernes a sábado, ya sean efectivas.
Evitar botellones
Este mismo mediodía, los consellers de Presidència, Interior y Salut se han reunido con el mundo local, que ha manifestado su incomodidad porque entienden que el Govern les traslada a ellos la responsabilidad de evitar que haya concentraciones de gente en espacios públicos, especialmente botellones y fiestas, una vez se cierren las actividades a partir de las 00.30. "Se pide a los ayuntamientos un esfuerzo", ha admitido Plaja, que ha adelantado que se activarán dispositivos conjuntos de policía local y Mossos d'Esquadra. Con todo, ha dejado claro que hay que ser realistas. "No se puede poner una patrulla a kilómetros de playa, en todos los parques y todos los espacios que pueden estar ocupados a partir de las 00.30". Es por eso que apelan a "la responsabilidad ciudadana".
En paralelo, desde el Govern recuerdan que no es competencia suya decretar el uso obligatorio de mascarilla, pero insisten en pedir que "la población catalana hiciera un cambio de chip, como si estuviéramos antes del 26 de junio". El ejecutivo ruega a la ciudadanía que se ponga la mascarilla también en el exterior. Los datos son más que pésimos. Toca dar pasos atrás".
En la imagen principal, Aragonès, Puigneró, Vilagrà y Alsina camino de la reunión del ejecutivo. / P. J. Muñoz