"Aplastamiento de la mayoría social no secesionista, fraude de ley antidemocrático, golpe de mano, acción propia de salteadores de caminos..." Así se refería este miércoles el editorial del diario El País titulado "Golpe parlamentario" a la iniciativa del grupo de JxSí en el Parlament de promover una reforma del reglamento de la Cámara, del trámite de urgencia de las proposiciones de ley, para acelerar la "desconexión" con el Estado. ¿Hasta qué punto son o no son estas las intenciones del grupo parlamentario independentista?

El mismo diario abría su portada con el título: "Puigdemont pretende proclamar la república sin control del Parlament", como si se tratara de una trama golpista. En realidad, el procedimiento parlamentario con el que JxSí quiere impulsar el régimen jurídico transitorio hacia la independencia es el mismo que se utilizó en la última reforma de la Constitución española, la del artículo 135 impulsada en el 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para limitar el déficit a las órdenes de Bruselas.

El "golpe parlamentario" pierde bastante gas si se atiende al hecho de que la reforma de la Constitución se aprobó de manera "exprés" por el trámite denominado de "lectura única" perfectamente establecido en el reglamento del Congreso de los Diputados. Un procedimiento que se ha usado también recientemente en el Senado o en el Parlamento de Andalucía. En la Cámara Alta se utilizó el 19 de octubre del 2016 para reformar la ley electoral general en el supuesto de convocatoria automática de elecciones y para reformar la ley de Estabilidad Presupuestaria, al día siguiente que lo hiciera el Congreso. Y el 2 de febrero pasado, el Parlamento de Andalucía reformó por unanimidad su reglamento por este mismo sistema. La red, este miércoles, se hacía eco de ello.

Aceleración de los trámites

Ciertamente, la "lectura única" permite acelerar los trámites de aprobación de un proyecto y ahorrar a los proponentes una parte de la tramitación normal: los dos debates en comisión y pleno quedan reducidos a uno, que equivale al de totalidad. Pero en ningún caso les da carta blanca, en este caso al grupo de JxSí, para sacar adelante el proyecto como si se tratara de un paseo militar -lo tiene que aprobar la Cámara por mayoría, como cualquier ley- ni tampoco hurta a la oposición la posibilidad de pronunciarse y, si finalmente se reforma el reglamento de la Cámara catalana, de enmendarlo.

Ni "fraude de ley", pues, ni tampoco "opacidad y secretismo", como sostiene el mencionado diario. En realidad, lo que propone JxSí acercaría el reglamento de la Cámara catalana al tratamiento del trámite de urgencia al Congreso, haciéndolo menos restrictivo por lo que se refiere a los requisitos para poder plantear este procedimiento.

Los reglamentos del Congreso y el Parlament

El Congreso (artículo 150 del reglamento) no diferencia la tramitación directa y en lectura única de los proyectos de ley (los que propone el gobierno) y las proposiciones de ley (las que proponen los grupos parlamentarios). Y la tramitación de urgencia la acuerda la Mesa a petición del gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados (artículo 93).

En cambio, en el caso del Parlament, el artículo 135. 1 establece los requisitos para los proyectos de ley y el 135.2 diferencia las proposiciones de ley, que para ser tramitadas en lectura única deben firmarlas todos los grupos parlamentarios. Esta unanimidad explica que no se presentaran enmiendas cuando se ha utilizado el procedimiento de urgencia.

El grupo de JxSí ha propuesto ahora modificar el punto 2 del artículo 135 de manera que se pueda proponer a la Mesa la tramitación directa y en lectura única de una proposición de ley por parte de un único grupo y con el acuerdo del Parlament.

Riesgos de inhabilitación

Es obvio que JxSí y la CUP no podrían llevar adelante la aprobación de urgencia de las leyes de desconexión, que darían cobertura al referéndum con la legislación catalana, como proposiciones de ley de acuerdo con el reglamento actual. Sencillamente, porque ningún otro grupo aparte de la CUP -con la duda de CSQP- daría su apoyo.

Como también lo es que si el grupo independentista probara de sacarlas adelante como proyecto de ley a propuesta del Govern los riesgos de inhabilitación para todos los miembros del Ejecutivo de Carles Puigdemont serían muy altos. El hecho de que se hayan abierto causas penales -dos querellas de la Fiscalía- contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y miembros de la Mesa por haber permitido votaciones sobre el procés y el referéndum obliga al Ejecutivo y JxSí a medir muy bien todos los movimientos y diseñar todos los escenarios posibles.

Mientras tanto, el PSC ha pedido un informe a los letrados del Parlament sobre la legalidad de la propuesta de JxSí de desconexión exprés, planteada en un conjunto de enmiendas al reglamento. Y la Mesa de la Cámara ha congelado a la práctica la tramitación -las ha admitido de momento de manera "condicionada" - por una cuestión de forma que resolverá la semana que viene.

En cualquier caso, extraño "golpe" este, con todos los controles democráticos y parlamentarios activados. La eventual suspensión de la autonomía por el artículo 155 de la Constitución, como propone Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa, grupo editor de El País, necesitará de portadas un poco más afinadas.