El juez que investiga un supuesto desvío de fondos públicos vinculados al procés ha dejado en libertad a todos los detenidos de la operación Volhov. Según han informado fuentes judiciales, nueve de los 21 detenidos el miércoles pasado —que todavía seguían en dependencias de la Guardia Civil— han comparecido este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Entre ellos tres miembros de "el estado mayor" del 1-O: el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí y el empresario Oriol Soler.
Todos los acusados se han acogido a su derecho a no declarar y la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares. El juez ha dejado en libertad con cargos pero sin medidas a todos los detenidos que fueron arrestados por la Guardia Civil en la operación del miércoles. Un dispositivo de bombo y platillo con acusaciones delirantes que, de momento, acaba la primera fase bajando el nivel de las expectativas judiciales.
Los detenidos que han quedado en libertad son el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí; el empresario Oriol Soler, el excónsul honorario de Letonia a Barcelona y presidente de la Plataforma Proselecciones Catalanas, Xavier Vinyals; así como Antoni Fusté Piñol y Roc Aguilera Vaques, dos de los máximos responsables de la empresa Events d'Igualada (Anoia), dedicada al montaje de escenarios e investigada por, presuntamente, estar detrás del que Tsunami Democràtic instaló en la frontera de la Jonquera. Según las fuentes, también han quedado en libertad la empresaria y profesora Marta Molina y el empresario Enric Mir.
El recibimiento
En las puertas de la Ciutat de la Justícia les esperaban familiares, amigos y representantes políticos como Laura Borràs o Francesc de Dalmases de JxCat o Marta Vilalta d'ERC.
ANC y Òmnium también esperaban a los detenidos en las puertas de los juzgados.
Igual que pasó con los altos cargos detenidos el 20-S, en las puertas de la Ciutat de la Justícia esta mañana se ha hecho una concentración, tanto de rechazo a las detenciones, como de recibimiento y apoyo a los arrestados miércoles.
La causa contra la supuesta trama acusada de desviar subvenciones públicas para financiar los gastos del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo —abierto por los delitos de malversación, soborno, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos— es fruto de conversaciones telefónicas intervenidas durante el año y medio que el caso ha sido bajo secreto de sumario.
Las acusaciones contra el Estado Mayor
El juez sitúa al exconseller de ERC Xavier Vendrell a la dirección de Tsunami Democràtic, plataforma desde la cual supuestamente "promovió" desórdenes públicos después de la condena de la cúpula del procés en octubre del 2019 y que, según resalta el magistrado, no ha mostrado "ningún interés" en reactivarse después de la inhabilitación del expresidente Quim Torra. Además, el juez sospecha que Vendrell utilizó su influencia política para contactar con miembros de la Generalitat con el objetivo de beneficiar sus diferentes negocios, vinculados al tratamiento de residuos municipales, los laboratorios de biomecánica e incluso la fabricación de tests de Covid-19.
En el caso de Madí, el juez sospecha que el empresario y exalto cargo de CDC se ha beneficiado de un "importante tráfico de influencias" con el conseller Damià Calvet (JxCat) y que contrató el exconseller republicano Joan Puigcercós para "abrirse ayuntamientos" de ERC. Sobre el empresario Soler, el juez subraya que hay indicios de su participación en "la estructura organizativa" de Tsunami Democràtic y recela de los casi 3 millones de euros en subvenciones de la administración catalana que recibió entre el 2016 y en el 2020, en contratos menores de adjudicación directa.