Sólo hace dos semanas, el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel De Alfonso, lanzaba un mensaje de optimismo en relación con la lucha contra la corrupción política. "Vamos en camino de estar mejor que nunca", decía en una entrevista, en que también considera "un éxito" que la OAC "haya salido viva de tanta convulsión política" y destaca el trabajo hecho "sin dar espectáculo, sin generar críticas ni alarmas".

Este martes se le acabó la tranquilidad. Es el día, además, en que cumple cuatro años y once meses exactos al frente de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC).

108 votos

En junio del 2011, el exdiputado de Unió Manuel Silva propuso su nombre al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. De Alfonso era magistrado de la sección 7ª (penal) del Audiencia provincial de Barcelona.

Silva resolvió el enredo de cinco meses en que se había convertido el relevo de David Martínez Madero, el anterior director del OAC, cuya muerte había dejado la oficina en punto muerto, pues la actividad de este organismo depende mucho de la iniciativa de quien la dirige. Unió debatía el nombre del substituto con su socio de gobierno desde hacía medio año.

El PSC no puso problemas. A pesar de que el candidato se había afiliado a la asociación profesional conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, también se había acercado en su día a la progresista Jueces para la Democracia. Un perfil singular.

El director del OAC necesita un mínimo de 90 votos en el Parlamento. A De Alfonso lo votaron PP, CiU y PSC, que sumaban 108. Esquerra e ICV se abstuvieron. En contra, los cuatro diputados de Solidaridad Independentista. Estos tres últimos partidos no enviaron a ningún representante a la toma de posesión del nuevo director del OAC.

La privatización de ATLL

El caso que hizo famoso a De Alfonso es su recomendación de anular la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) que la Generalitat había hecho a Acciona. La OAC constató "múltiples irregularidades" en ell proceso de privatización. Además de los precios inflados, halló cobros relativos a contratos que ni siquiera habían sido todavía autorizados por la Generalitat. La fiscalía abrió diligencias a raíz del informe remitido por el OAC.

El 9-N no es delito

De Alfonso se mostró contrario a emprender acciones judiciales por el proceso participativo del 9N a pesar de las suspensiones del Tribunal Constitucional. A título particular comentó a Catalunya Ràdio que la consulta alternativa no tendría que tener consecuencias jurídicas, como quería el Gobierno del PP.

Para el director de la OAC, el 9N no supuso un delito de malversación de fondos públicos ni de prevaricación, pues el éxito de participación de la convocatoria le daba "utilidad pública". "El Derecho Penal no tiene que actuar porque no está pensado para bloquear procesos políticos", añadió entonces.

A la emisora RAC1 declaró que el 9N se acabará archivando o trasladando al contencioso administrativo. También advirtió que la Fiscalía tiene que actuar con criterio jurídico y no político, y que el Ministerio Público "actuando políticamente podría llegar a incurrir en un delito".

¿Qué investiga ahora?

En su última comparecencia en el Parlament, el pasado 25 de mayo, el director de la OAC explicó que entre los informes e investigaciones abiertas por la OAC hay dos importantes y complejas.

Una estudia las subvenciones y concesiones de la Generalitat a medios de comunicación entre 2010 y 2015. La otra quiere conocer las donaciones a los partidos políticos. Sobre esta cuestión destacó que el OAC considera que son 74 las fundaciones o entidades vinculadas a los partidos y no las 17 que estos reconocen.  La Oficina Antifrau fue creada el año 2008, como uno de los acuerdos del Parlament para luchar contra el fraude después del hundimiento de las obras del Metro en el Carmel tres años antes.

Matrícula de honor

Nacido en Madrid en 1964, se licenció en Derecho a la Universidad de San Pablo CEU, con matrícula de honor, según explica su currículum. Aprobó las oposiciones a juez en 1989, ascendió a magistrado en 1992 y desde entonces su trayectoria profesional la ha hecho en los juzgados y tribunales de Barcelona: 17 años en la jurisdicción criminal.

Tiene amplia formación en derecho penal económico y blanqueo de capitales, especialidad con que ha ayudado en los gobiernos de Rumania y Albania a implantar sistemas de prevención de estos delitos.

Desde el 2010 es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción, organización independiente de carácter no gubernamental y no política. También es miembro de la Cimera per la Regeneració Democràtica de Catalunya y Vicepresidente de European Partners Against Corruption (EPAC).