El juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya mantiene en régimen de semilibertada  los presos políticos de Lledoners mientras resuelve el recurso de la Fiscalía para derogar el tercer grado. De esta manera, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart no tendrán que ingresar en la prisión de momento, tal como pedía el ministerio público. Es todo lo contrario de lo que pasó ahora hace 6 meses mientras no se resolvía tumbar el tercer grado.

La medida no afecta a Joaquim Forn todavía. Hasta hoy podía presentar alegaciones a la petición de la Fiscalía y el juez todavía no ha resuelto sobre él.

El juez dice que la medida que plantea la Fiscalía "choca con la interpretación más restrictiva que tiene que darse a normas, que en definitiva, producen afectación a derechos fundamentales". El juez argumenta su decisión en el mismo sentido que ayer lo hizo el juez que mantiene en libertad a Carme Forcadell y Dolors Bassa.

La diferencia, un cambio de juez. La jueza que resolvió ahora hace 6 meses y que los mantuvo dentro de la prisión sin poder tener derecho, tampoco, al 100.2 para poder salir a trabajar, está de baja, y en su lugar hay un sustituto que ha seguido los mismos pasos que el juez de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya, que ayer resolvió exactamente lo mismo para Carme Forcadell y Dolors Bassa.

De esta forma, los nueve líderes independentistas condenados por sedición podrán seguir en semilibertad —cosa que les permite salir diariamente de la prisión y volver sólo a dormir, de lunes a jueves—, al menos hasta que los juzgados de vigilancia respectivos resuelvan sobre el fondo de los recursos presentados por el ministerio público contra su clasificación.

 

 

Exactamente igual que ayer, el juez de vigilancia penitenciaría número 5 concluye que ahora no es el momento procedimental para pedir esta medida cautelar.

La resolución judicial concreta que sólo en los casos en que se tratara de un recurso a una instancia superior se podría contemplar la posibilidad de aplicar esta medida cautelar. En este sentido, da un toque de atención a la Fiscalía por no haber pedido la medida cuando toca, que es con la presentación de un recurso de apelación. Y ahora no es el caso.

Ahora, todavía falta saber cuál es la decisión definitiva del juez sobre si deroga o no el tercer grado. Hace seis meses lo echó atrás el Tribunal Supremo después de los diferentes recursos presentados por la Fiscalía hasta agotar todas las vías.