El juez de vigilancia penitenciaría número 5 de Catalunya ha retirado de nuevo el tercer grado a los presos políticos que cumplen condena en la prisión de Lledoners. De esta manera Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart volverán a ingresar en la prisión.

"La progresión acordada en la resolución impugnada se tiene que entender como precipitada", dice la resolución judicial. El juez estima todos los argumentos de la Fiscalía durante un relato que gira entorno al hecho que los presos políticos no reconocen el delito. "No vislumbra en ellos un mínimo de asunción de responsabilidad penal en el sentido de haber roto normas básicas de convivencia", dice en este sentido.

Según el juez, "no se puede acoger la asunción de hechos y responsabilidades que realiza el interno pues, según se infiere de los informes de la Junta que soportan la resolución". El magistrado hace el relato de la posición de los presos respecto a su situación y concluye que ninguno de ellos asume el delito penal: "Todos los hechos que se asumen aparecen contextualizados, minimizados o justificados y la responsabilidad a la cual
hacen referencia está referida a una responsabilidad de tipo política (en función de su cargo) o moral (en función de sus convicciones) pero no vislumbra en ellos un mínimo de asunción de responsabilidad penal".

 

Tampoco estima las circunstancias personales de cada uno de los presos que sus abogados han alegado para poder mantener el tercer grado. En este sentido dice que todos tienen las mismas circunstancias personales que tenían cuando fueron juzgados y que nada ha cambiado para que ahora tengan que salir de la prisión.

Todo el relato remarca que es demasiado prematuro el régimen de semilibertad dictado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, y aunque están en su derecho a que se les revise su situación de reclusos cada seis meses como marca el régimen penal, es temprano para darles el tercer grado.

El mismo día que Puigdemont pierde la inmunidad

El mismo día que el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha perdido la immunidad en el Parlamento Europeo, junto con Toni Comín y Clara Ponsatí, los tribunales españoles han encerrado nuevamente a los presos políticos en la prisión.

El primero en hacerlo público ha sido Jordi Sànchez, con un tuit, en cuanto se lo han comunicado.

 

El 24 de febrero, 10 días después de las elecciones, el juez decidió dejar en libertad a los presos políticos mientras decidía si aceptaba o no el recurso de la Fiscalía que pedía derogar de nuevo el tercer grado que había otorgado el Departament de Justícia 24 horas antes de empezar la campaña electoral del 14-F.

Parecía que esta vez, a diferencia de ahora hace medio año, la resolución podría ser diferente, al menos en primera instancia. Y es que ahora hace seis meses el juez ni siquiera dio la tregua a los presos de esperar la resolución en régimen de semilibertad y ordenó volver a régimen cerrado hasta que el Supremo decidiera.

Su caso acabó en la mesa de los jueces que los condenaron después de los recursos de la fiscalía. Esta vez no ha hecho falta. Ha sido el juez de vigilancia penitenciaría quien ha dictaminado que vuelvan a la prisión.

La decisión no afecta, de momento, a Carme Forcadell y Dolors Bassa, que dependen de otro juez: el juez de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya. Este todavía no se ha pronunciado.

Los argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía cree que la situación con respecto a cuando se derogó el anterior tercer grado hace medio año no ha cambiado. Y que, por lo tanto, los nueve presos políticos tienen que continuar en régimen cerrado: "No se hace mención en la resolución recurrida de ninguna circunstancia diferente de las que se contenían en la progresión acordada hace 6 meses y revocada hace tan sólo 40 días por el tribunal sentenciador, no se hace referencia ni en la resolución recurrida ni en los informes que lo acompañan, como habría sido pertinente, que los déficits indicados por este tribunal para la revocación del tercer grado se habían ya superado, porque, en definitiva, las razones indicadas por el Tribunal Supremo mantienen toda la vigencia, motivo por el cual esta parte alega las mismas consideraciones que las que alegó en su anterior recurso".

En varios recursos casi iguales, de unas 15 páginas cada uno, el ministerio público criticaba la medida de la Generalitat y consideraba que no se puede dar a todos los presos al mismo tiempo el tercer grado pocas semanas después de que el Tribunal Supremo lo tumbara en diciembre pasado.

Según el fiscal, el tercer grado es "incompatible" con el cumplimiento de la finalidad de la pena, especialmente los objetivos de "reeducación y resocialización". También considera que hay una "falta de modificación de aquellos rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva", ya que los reclusos "siguen considerando que los hechos por los cuales fueron condenados no son delictivos". Reitera, como ya hizo en anteriores recursos, que hay una "insuficiente evolución en el tratamiento", ya que no han seguido ninguno.

Por todo eso, finalmente, concluye que "los aspectos positivos tenidos en cuenta en la resolución administrativa recurrida y en la propuesta de la junta de tratamiento no son suficientes para acordar la progresión al tercer grado".