La enmienda que hace a la CUP a las políticas de seguridad del Departamento de Interior no es nuevo. Ahora, sin embargo, recobra protagonismo, a raíz de los disturbios de este martes por la noche durante las manifestaciones de protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasel. Más todavía cuando los anticapitalistas tienen la llave de la investidura y la formación del nuevo Govern de la Generalitat.

Conscientes de que, en buena medida, tienen la sartén por el mango, desde la CUP ponen sobre la mesa de las inminentes negociaciones con Esquerra Republicana la necesidad de que se imprima un "giro de 180 grados a las políticas en el modelo de seguridad imperante hoy". En una comparecencia este miércoles, los dirigentes cupaires han denunciado la "brutalidad policial tanto de la Policía Nacional como de los Mossos d'Esquadra". Maria Sirvent ha admitido que "del gobierno del Estado" no les extraña, pero dice que esperaban "otra cosa de la Generalitat".

Entre las exigencias de la CUP en el nuevo gobierno está la creación de un organismo público e independiente que controle las actuaciones policiales y una comisión de investigación de la práctica policial. Al mismo tiempo, reclaman a Laura Borràs que desacredite el conseller de Interior, que forma parte de su partido, Junts per Catalunya.

"El modelo de seguridad dificulta las negociaciones", advierten desde la CUP. Las conversaciones con ERC tienen que empezar de manera inminente, aunque según ha explicado Sirvent todavía no han fijado día y hora.

El gobierno PSOE-Podemos, de cara a la galería

Las críticas no han sido sólo para el gobierno catalán. Para la CUP, la responsabilidad principal es del Estado español, al cual exigen que paren "las razzias represivas" contra la disidencia, ya sea del mundo cultural o independentista.

En este sentido, definen la actitud del ejecutivo de Pedro Sánchez de "talante totalitario" que "ataca la libertad de expresión". Y disparan contra el autonombrado "gobierno más progresista", el que encabezan PSOE y Podemos. Los anticapitalistas denuncian que hacen "anuncios de cara a la galería para calmar los ánimos" y reclaman que se cumplan las promesas de derogar la reforma laboral y acabar con la ley mordaza del PP.