El Parlament pasa a la ofensiva. La cámara catalana ha aprobado este miércoles, al inicio de la sesión plenaria, una propuesta por la cual se formulará "una denuncia, en nombre del Parlament, ante las autoridades judiciales" en respuesta al CatalanGate, el caso de espionaje que afecta a una sesentena de personalidades vinculadas al movimiento independentista, entre el cual hay 25 personas que son o han sido diputados. El texto, además menciona "el amparo del artículo 259 de la Ley de enjuiciamiento criminal y del resto de normas aplicables", y recuerda que "los hechos que se han evidenciado con relación al programa de espionaje Pegasus podrían ser constitutivos de delito". La petición ha sido aprobada con el voto favorable del PSC, ERC, Junts, la CUP y los Comuns, y se ha hecho incorporándola a la agenda del día esta misma mañana, a pesar de la oposición de Vox, Ciutadans y el Partido Popular.
La apuesta del Parlament de llevar estos hechos a los juzgados llega después de que la Mesa de la cámara catalana lo instara ayer mismo, en su reunión habitual. Y es que el órgano acordó actuar con el fin de defender a los diputados del Parlament llevando una denuncia en los juzgados. La decisión llega después de que la Mesa pidiera a los servicios jurídicos de la Cámara catalana que indicara cuál era la mejor posición que podía tomar el Parlament. Según fuentes parlamentarias, la propuesta ha sido finalmente esta, la de presentar una denuncia al juzgado de guardia. Será este órgano el que decidirá si la queja del Parlament se acumula en las querellas criminales presentadas ya por los diputados afectados, o si se impulsa de forma independiente.
La declaración, sin el voto del PSC
La semana pasada, ERC, Junts, la CUP y los Comuns aprobaron una declaración en que se dice que el Parlament condena el espionaje político, que supone una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales reconocidos; también manifiesta su apoyo y solidaridad con las personas afectadas; exige al gobierno del Estado una investigación "con la máxima celeridad"; reclama la adopción urgente por parte del Estado de las medidas para erradicar el espionaje político; reafirma el compromiso democrático de defender derechos y libertades de la ciudadanía, y se compromete a proteger y preservar los derechos de las personas espiadas, entre ellas diputados, a través también de "personarse en las causas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas".
En cambio, el PSC rechazó añadirse. Según pudo saber ElNacional.cat, los socialistas habían presentado varias enmiendas que los partidos independentistas no aceptaron. ¿Qué enmiendas proponía el PSC? En la parte inicial del texto los socialistas exigían sacar del título de la declaración el concepto CatalanGate, y también eliminar una parte del texto que pone el acento en la represión contra el independentismo, que dice así: "Es evidente que en este caso, el uso de este software continúa enmarcado en la causa general contra el independentismo, iniciada en el 2017 para contrarrestar un movimiento pacífico, cívico y democrático". Además, querían eliminar del escrito que el CatalanGate ha sido una práctica ilegal "de espionaje contra la disidencia política", y otro donde se reclama que el Estado adopte medidas para garantizar que ninguna persona pueda ser víctima de "persecución por defender un proyecto político".