El Parlament ha aprobado hoy una moción que condena la persecución política por parte de las instituciones del Estado español hacia la Conselleria d'Acció Exterior i Govern Obert. El documento, presentado por Junts, asegura que las dificultades impuestas sobre el departament son especialmente visibles en el caso del Tribunal de Cuentas español, recordando que amenazó con reclamaciones por un total de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos del Ejecutivo catalán. Así, describen esta acción como una "operación política" que busca promover el miedo y la autocensura. Este punto de la moción ha sido aprobado por 72 a 51, con el apoyo de las tres formaciones independentistas, mientras que los comuns se han abstenido.
En la defensa del texto, la diputada de Junts, Aurora Madaula, ha constado que la acción exterior es una competencia de la Generalitat, según marca el Estatut, pero que se ve "inexplicablemente atacada por las injerencias de los gobiernos españoles, que la persiguen de manera judicial o criminal". Además, ha cargado con dureza contra el Estado, afirmando que se utilizan técnicas más parecidas a las de la mafia que a las de los Estados democráticos. Por otra parte, Meritxell Serret, de Esquerra, se ha pronunciado en la misma línea, lamentando el "menosprecio y la criminalización" que ha experimentado la Conselleria por parte de algunos grupos parlamentarios y del Estado. Así, ha asegurado que esta situación empezó a darse a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.
Por parte de la CUP, Basha Changue ha advertido de que la política exterior del Govern está demasiado cerca de la española, y que incluso "comparten determinados aspectos y algunos enfoques", pero ha explicado la posición favorable de los cupaires a la moción en solidaridad con aquellas personas que sufren la represión. Con respecto a los comuns, su abstención se entiende para defender la capacidad y el deber de la Generalitat de hacer acción exterior, pero creen que el texto busca conseguir "una instrumentalización y una politización de esta".
Actividades partidistas y delictivas
Entre aquellos que se han opuesto completamente, los socialistas ha aprovechado la oportunidad para criticar al Consell per la República, una entidad que "no existe, que no tiene ningún tipo de apoyo jurídico y que quiere suplantar el Parlament". Vox ha reclamado nuevamente el cierre total de la Conselleria, como ya hizo ayer en una moción propia; Ciutadans ha criticado "el tono victimista de aquellos que intentan implantar una dictadura", en referencia a los independentistas; y el PP ha dicho que el departament solo puede trabajar para hacer difusión cultural e impulso económico, pero no para "desprestigiar a España ni para financiar actividades partidistas y delictivas".
Escenario de represión continuada
La moción también ha logrado aprobar dos otros puntos con el soporte total del independentismo y el rechazo del resto de formaciones. De esta manera se ha reconocido el trabajo de la Conselleria d'Acció Exterior "en un escenario de represión continuada" por parte del Estado, y se ha apostado por mantener e impulsar nuevas delegaciones. Además, el Parlament ha destacado el trabajo de varias organizaciones y entidades, como los Casals Catalans, la ANC, Òmnium Cultural, la Plataforma por la Lengua y el Consell per la República.