Más presión. El independentismo sigue batallando a través de todas las vías posibles para obtener una respuesta al CatalanGate, el escándalo de espionaje que ha afectado a más de una sesentena de personalidades vinculadas al movimiento independentista. Ya lo ha hecho a través de la vía jurídica, con varias querellas que impulsan las diversas organizaciones afectadas, y también lo ha hecho a través de la retórica y las declaraciones institucionales. Ahora, ha añadido un nuevo instrumento: el de las mociones en el Parlament. Y es que este jueves se ha aprobado un documento que se posiciona de forma contundente contra el espionaje y exige varias respuestas ante el ataque.
Más allá de condenar el escándalo, y situarlo como una práctica ilegal y antidemocrática que ha afectado a diputados y a la ciudadanía catalana que defiende el proyecto independentista, el texto también ha hecho otras exigencias. Así, ha reclamado al Gobierno la "máxima información y transparencia", una comisión de investigación pública en el Congreso de los Diputados (si bién esta propuesta ya fue rechazada hace unas semanas con el voto del PSOE), y que se asuman las responsabilidades políticas necesarias (un sinónimo de dimisiones). De hecho, la moción utiliza esta misma palabra en referencia a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para quien remarcan la necesidad de que abandone su cargo después de reconocer y justificar el espionaje a los independentistas.
Por otra parte, la cámara catalana también se compromete a "impulsar todas aquellas iniciativas parlamentarias" que sirvan para contribuir a aclarar la situación y velar por garantizar los derechos de los espiados, entre los cuales hay una veintena de diputados. Además, y en la línea de la propuesta que ya hizo Esquerra Republicana, apuesta para ejercer el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, un instrumento que permitiría llevar el CatalanGate a instancias europeas e internacionalizar así el conflicto actual. Más allá, la cámara también exige nuevamente al Gobierno que modifique la ley franquista sobre Secretos Oficiales a fin de que esta sea democrática y regule el control externo e independiente de las actuaciones del CNI. Todos los puntos de la moción, que ha sido presentada por los republicanos, han contado con el apoyo de las tres formaciones independentistas (ERC, Junts y la CUP), mientras que los Comuns se han sumado a la práctica totalidad pero ha optado por abstenerse en pedir la dimisión de Robles. El PSC se ha plantado en contra de casi todos los artículos.
El debate parlamentario
Desde de Esquerra Republicana, la portavoz, Marta Vilalta, ha recordado que más de tres semanas después de que estallara el escándalo, este sigue sin resolverse. "No se puede hacer como si no hubiera pasado nada, esperando que el tiempo lo olvidará", ha cargado. Así, lo ha considerado un terremoto contra la democracia y una muestra de la represión al independentismo por "el suelo, mar, aire y las cloacas". Ante todo, ha pedido "luces y taquígrafos" y una asunción de responsabilidades "de acuerdo con las explicaciones que se den". Sobre el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, ha reafirmado que con esto "no se puede cerrar la carpeta del CatalanGate", ya que ni siquiera han explicado el porqué de su cese. Pero delante de todo, y a pesar de la dureza de sus palabras, ha apostado una vez más por la vía de la negociación por resolver el conflicto entre Catalunya y el Estado. "Se hace más necesaria y más evidente que nunca", ha dicho.
El diputado de Junts, Josep Rius, ha lamentado que todavía no se ha dado "ninguna explicación creíble" por parte del Estado. "El Reino de España sigue escondido en sus propias cloacas", mientras que ha celebrado que en el Parlamento Europeo hay una comisión en marcha y en la cámara catalana también se quiere avanzar en este camino. "Hay que desinfectar las cloacas del Estado, lisa y llanamente, y rápido". Mientras tanto, la cupaire Montserrat Vinyets ha reclamado que el Parlament también tiene que tomar la iniciativa de la investigación por el CatalanGate, como prueba de hacerlo con una comisión de investigación a la cámara, y ha subrayado que este caso, si no recibe una respuesta contundente, puede abrir la puerta a otros casos peores.
El diputado del PSC Jordi Terrades ha empezado su intervención afirmando que el Estado español "es una democracia llena", retórica habitual ya de los socialistas y la derecha. No ha limitado su defensa del gobierno central, y ha afirmado que Pedro Sánchez "no sale a espiar sus ciudadanos y ciudadanas", sino que "dará las explicaciones que hagan falta, como ha hecho siempre." Por el contrario, ha aprovechado para lanzar algunos dardos disimulados en relación con los supuestos vínculos entre el independentismo y el Kremlin ruso. Para los comunes, el portavoz, David Cid, ha recordado que es necesario impulsar primero una investigación sobre los hechos, "y a partir de aquí, y no antes, determinar el alcance de las responsabilidades", además de garantizar que no se vuelva a repetir. Así, ha pedido desclasificar la información relacionada, aunque ha recordado que el Estado ya ha puesto en marcha algunos mecanismos.
Para Vox, el portavoz, Joan Garriga, ha criticado la "cortina de humo" del CatalanGate, y ha pedido invertir más en defensa para hacer frente a lo que considera amenazas internas: "Poco los han espiado". Más allá, ha aprovechado para lanzar su habitual retórica en contra del catalán y racista. Desde Ciutadans, Nacho Martín Blanco ha tratado de "exageraciones y fake news" todo aquello relacionado con el CatalanGate, y ha considerado que el Gobierno "ha servido en bandeja de plata" a Paz Esteban al independentismo. Además, ha denunciado la "sumisión y entrega" de La Moncloa a sus socios en el Congreso. Y para el PP, Alejandro Fernández ha recordado que las investigaciones en democracia "solo pueden hacerse con tutela judicial", y ha desafiado Esquerra Republicana a modificar la ley franquista desde el Congreso de los Diputados.