Lejos de resolverse la crisis de vivienda en Catalunya, se tienen que ir haciendo parches para hacer que sea menos sangrante. La Generalitat está trabajando un nuevo protocolo sobre desahucios para actualizar el vigente que fecha de 2013. Este nuevo protocolo no aborda, sin embargo, cuestiones como la presencia de las unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, y es en este contexto que hoy el grupo de los comunes ha presentado una propuesta de resolución que insta al Govern a incluir en el protocolo que se evite, como criterio general, la participación de las unidades especiales de antidisturbios BRIMO y ARRO en los desalojos de personas vulnerables.
La propuesta presentada por el diputado Marc Parés en la Comisión de Interior que se ha celebrado esta tarde en el Parlament ha sido aprobada principalmente gracias a los votos a favor de los partidos del Govern, ERC y Junts, que han enmendado el texto de los comunes. También el PSC ha votado algunos de los puntos mientras que la CUP se ha abstenido al considerarlo insuficiente. En concreto, la primera parte del texto remarca la necesidad de elaborar un protocolo de actuación, tal como está haciendo el Govern, pero pide que tenga especial atención a los casos en que afectan a personas vulnerables. Además añade que el protocolo se revisará de acuerdo con las conclusiones del informe final que elabore la recientemente creada comisión de estudio sobre el modelo policial.
El segundo punto, que no ha contado con la aprobación del PSC, pide reforzar a través del protocolo la capacidad del cuerpo para detectar anticipadamente situaciones de vulnerabilidad, garantizar los principios de mínima intervención y proporcionalidad y evitar como criterio general la participación de las unidades especiales de antidisturbios en los desalojos de personas vulnerables. Por último también se ha aprobado que, en toda intervención del Cuerpo de los Mossos, se siga velando por priorizar la garantía del derecho en la vivienda, mediar y minimizar el uso de la fuerza.
Acord ERC-CUP
El tema de los antidisturbios en los desahucios no es nuevo. Su no intervención en desahucios de personas vulnerables fue una de las medidas pactadas en el acuerdo que alcanzaron ERC y la CUP para investir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Después, el mes de junio, los comunes llevaron una propuesta reclamando esta cuestión, pero fue rechazada: sólo votaron a favor los de Jéssica Albiach y los anticapitalistas. La derecha española votó en contra mientras que ERC, Junts y PSC se abstuvieron.
El argumento de ERC entonces, en voz del diputado Pau Morales, era que la moción no es la "solución" del problema, asumió las "limitaciones" al parar los desahucios alegando que la policía está sometida al control judicial, pero manifestó el compromiso del Govern a encontrar alternativas y cambiar protocolos. Ha sido ahora, transaccionando el texto con los comunes, que los partidos del Ejecutivo han aceptado la propuesta. ¿La diferencia? Primero los comunes hablaban de excluir y lo que se ha aprobado finalmente es evitar "como criterio general". Esta es una de las cuestiones que no ha gustado a la CUP y que lo ha empujado a abstenerse: considera que después de las transacciones el texto ya no es tan contundente como hacía falta.
Una comisión con problemas
La Comisión de Interior del Parlament se ha hecho de forma telemática siguiendo las directrices adoptadas por el Parlament para parar la sexta ola de covid. Los problemas técnicos han caracterizado la sesión, hecho que ha acabado provocando el acuerdo de todos los grupos de interrumpirla y continuar en la próxima convocatoria, que será el lunes, cuando se ha convocado una comisión extraordinaria donde comparecerá al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, a propuesta propia para informar sobre los cambios en la cúpula de los Mossos. Precisamente muchos de los puntos que hoy han quedado pospuestos en la comisión eran solicitudes de comparecencia del titular de Interior.