Ya ha llegado. El Parlament ha constituido hoy la comisión de estudio que tiene que permitir analizar la deuda histórica que tiene el Estado español con Catalunya, que llega después de meses de debate. La propuesta fue impulsada por Junts, y ya recibió el apoyo de las dos otras formaciones independentistas (Esquerra Republicana y la CUP), mientras que los Comuns se abstuvieron, y PSC, Vox, Cs y PP votaron en contra. A pesar de esta dirección del voto, hoy en la sala ha habido miembros de todos los partidos, excepto de Ciutadans (que ya informó de que no participaría) y los populares. La sesión de hoy solo ha durado media hora, y ha servido para poner la comisión en marcha formalmente, escoger los cargos y planificar por encima el calendario.

En este sentido, la presidencia de la comisión de estudio ha sido otorgada a Junts, y queda en manos de la diputada Glòria Freixa. La vicepresidencia es para Jaume Butinyà, de Esquerra, mientras que la secretaria será para la diputada Eulàlia Reguant, de la CUP. La nueva presidenta ya ha explicado que la intención es que el grupo se reúna una vez al mes, previsiblemente los martes por la mañana, y el próximo encuentro será el 24 de mayo para presentar los planes de trabajo y organizar el trabajo. La duración de la comisión es de seis meses, y se prevé que permita que puedan asistir técnicos, especialistas y miembros de entidades con el fin de acabar elaborando un informe final con todas las conclusiones.

"Incumplimientos y políticas históricas"

La propuesta pide exactamente determinar la deuda histórica "fruto de los incumplimientos y las políticas llevadas a cabo por el Estado español en las últimas décadas". Durante el debate plenario a principios de febrero, el diputado de Junts Joan Canadell ya afirmó que no cree que el Estado español llegue nunca a pagar "todo el que debe" a los catalanes, pero considera que eso no es motivo como para no hacer el ejercicio de cuantificar cuál es exactamente la deuda histórica del Estado con Catalunya. Canadell cargó contra el déficit persistente y continuado del Estado, que está convencido que no es casualidad y que responde a una "discriminación en razón de origen", cosa que asegura que la Constitución española no permite. Sin embargo, no espera que el gobierno devuelva la cifra que debe: "Cuando nos toque, todo serán excusas para decir que no se nos paga". Además, ha alertado de que puede ser que la deuda pueda superar los 300.000 millones de euros.

Desde de ERC tampoco consideran que la deuda histórica será devuelta, y es por eso que el diputado Lluís Salvadó consideró que no se resolverá nunca en el marco de la autonomía, sino en el de la república catalana. Mientras tanto, instó PSC y Comuns a trabajar desde el Gobierno para conseguir un nuevo sistema de financiación si consideran que es la solución. Más allá de eso, defendió que crear la comisión es una buena idea porque cuantificar los problemas "puede ser positivo". Y para la CUP, Eulàlia Reguant dijo que está de acuerdo en analizar los incumplimientos, pero reprochó al Gobierno haber contribuido a apuntalar la deuda histórica "con las clases trabajadoras del país".