Nuevo capítulo en la defensa del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà, que fue condenado a seis meses de inhabilitación a cargo público por mantener lazos amarillos en la ventana del despacho de la formación anticapitalista en la Paeria de Lleida en periodo electoral. Tan pronto como como el TSJC publicó sentencia, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, capitaneó varios mecanismos para mantener los derechos del parlamentario hasta que la sentencia sea firme, y la Cámara catalana sigue con este compromiso.
A raíz de estos mecanismos y de los movimientos de Vox, Cs y PP, la Junta Electoral central abrió un embate contra el Parlament, en concreto dirigido a la presidenta, a quien solicitó que lo informe sobre las decisiones, resoluciones, o cualquier otra medida que haya tomado la institución, con la posibilidad de formular alegaciones a la sentencia del TSJC y a los escritos de los partidos de la derecha española. Así lo ha hecho el Parlament, que ha presentado un informe de 20 páginas elaborado por los letrados de la Cámara catalana.
"Como siempre he defendido, en el Parlament protegemos derechos y libertades: los de los diputados y de sus electores. Por eso hemos presentado las alegaciones a la Junta Electoral Central para defender el acta de diputado de Pau Juvillà, tal como aprobó el pleno con una amplia mayoría", ha escrito Borràs en su perfil de Twitter. Ahora será la JEC quien tendrá que valorar estas alegaciones y dar el siguiente paso.
También la vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, la republicana Alba Vergés, ha explicado que desde la Cámara catalana hacen frente común ante la Junta Electoral Central para defender el derecho político de Juvillà, del Parlament y de la ciudadanía.
Comisión del Estatuto y pleno del Parlamento
El 16 de diciembre pasado, la Comisión del Estatuto del Diputado con los votos de Junts, ERC, la CUP, el PSC y comunes acordó mantener el escaño de Juvillà hasta que la sentencia no sea firme, tal como recoge el reglamento de la Cámara catalana. El abogado del diputado ya anunció que presentaría recurso de casación al Tribunal Supremo. Después llegó el pleno del Parlament del 17 de diciembre, donde a petición de los tres partidos independentistas, se incluyó de urgencia un punto para aprobar el dictamen de la Comisión del Estatuto, que también se aprobó con los votos favorables del PSC, ERC, Junts, la CUP y los comuns, mientras que los partidos de la derecha votaron en contra.
Precedente: Quim Torra
Sin embargo, tal como pasó con el presidente Quim Torra, Ciutadans y PP ya aseguraron que pedirían a la Junta Electoral Central (JEC) que inste de manera inmediata el Parlament para que retire el acta al diputado anticapitalista alegando la "ilegibilidad sobrevenida" que, consideran, recoge la Loreg y que el Supremo, en el caso de Torra (STS 572/2021), avaló.
La CUP, por el contrario, hace una interpretación diferente de la misma sentencia del Supremo, la cual señala que el Parlament no había hecho uso de sus competencias para retirar o no el escaño en Torra. Con todo, la sentencia del alto tribunal español no es lo bastante tajante y valida tanto la acción del Parlament como la de la JEC.