Más presión. El independentismo sigue batallando a través de todas las vías posibles para obtener una respuesta al CatalanGate, el escándalo de espionaje que ha afectado a más de una sesentena de personalidades vinculadas al movimiento independentista. Ya lo hace hecho a través de la vía jurídica, con varias querellas que impulsan las diversas organizaciones afectadas, y también lo ha hecho a través de la retórica y las declaraciones institucionales. Ahora, ha añadido un nuevo instrumento: el de las mociones en el Parlament. Y es que este jueves han aprobado un par de documentos que posicionan de forma contundente contra el espionaje y exige varias respuestas ante el ataque.
El independentismo en su conjunto, y con el apoyo casi total de los Comuns, ha conseguido aprobar una moción que permite condenar el escándalo, y situarlo como una práctica ilegal y antidemocrática que ha afectado a diputados y a la ciudadanía catalana que defiende el proyecto independentista. Más allá, el texto también ha hecho otras exigencias. Así, ha reclamado al Gobierno la "máxima información y transparencia", una comisión de investigación pública en el Congreso de los Diputados (si bien esta propuesta ya fue rechazada hace unas semanas con el voto del PSOE), y que se asuman las responsabilidades políticas necesarias (un sinónimo de dimisiones). De hecho, la moción utiliza esta misma palabra en referencia a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para quien remarcan la necesidad de que abandone su cargo después de reconocer y justificar el espionaje a los independentistas.
Congelar las relaciones institucionales
Por otra parte, esta tarde otra moción aprobada ha permitido afianzar la apuesta puesta en marcha por el Govern como respuesta al escándalo del CatalanGate, y que se compartió el 26 de abril, una semana después de que se revelara todo: la de congelar las relaciones institucionales entre la Generalitat y el Estado. Aquel día la reunión del Consejo Ejecutivo aprobó emprender todas las acciones jurídicas y políticas a su alcance para llegar al final, por todas las vías y en todas las instancias competentes. Asimismo, acordó restringir al mínimo imprescindible las relaciones con el Gobierno. Posteriormente, el presidente Pere Aragonès ya ha pedido una reunión con su homólogo español, Pedro Sánchez, que todavía no llega.
Más allá de este punto, la moción de hoy también reclama nuevamente que La Moncloa ofrezca todas las explicaciones que hasta ahora no ha dado, y que el Congreso de los Diputados impulse una comisión de investigación. Apuesta, además, por iniciar una "investigación exhaustiva y efectiva a todos los niveles, que cumpla con los criterios internacionales de independencia, imparcialidad, credibilidad y rigor técnico profesional", por la cual avisa de la necesidad de levantar el secreto de todos los documentos y contratos relacionados con el caso. En este sentido, insta al ejecutivo catalán a colaborar con las instituciones europeas, en quien sí que confía para aclarar los hechos. Todos los puntos han recibido un apoyo unánime de las tres formaciones independentistas en el Parlament, que nuevamente ha contado con el apoyo de los Comuns en la mayoría de los puntos, pero no en lo que clama para congelar las relaciones.
El debate parlamentario
Desde Junts, Josep Rius ha apostado por la vía europea, ya que considera que la UE se toma seriamente el caso. "Esta no es una situación de normalidad democrática, sino que todo lo contrario", ha recordado. "¿No ven que hacen nuevamente el ridículo en Europa? No hay una manta lo bastante grande para tapar este escándalo. El día que los tentáculos de las cloacas del Estado caigan y destapen lo que ha costado espiarnos, tendrán que contestar muchas preguntas". Por su parte, el republicano Ernest Maragall ha dicho que ha quedado claro el mensaje del Estado con el espionaje: "Pueden ser independentistas, pueden presentarse a las elecciones, el que no pueden es ganar". En este sentido, ha avisado de que existe una "discriminación democrática" en España, porque unos no pueden conseguir impulsar su proyecto político. Y para la CUP, Carles Riera ha recordado los pasos por los cuales ha pasado el CatalanGate en su respuesta de La Moncloa: "Primero negado y después parcialmente asumido, y lo que es aún peor, después reivindicado por la ministra Robles, y no desmentido por Pedro Sánchez". Delante de todo, ha reclamado una comisión de investigación, dimisiones en el Estado, y la desclasificación de los expedientes.