El Parlament ha vuelto a avalar, como ya hizo el pasado 29 de julio, la creación de un Fondo Complementario de Riesgos con el objetivo de "proteger todos los servidores públicos" y hacer frente a las reclamaciones judiciales o administrativas a trabajadores públicos y altos cargos, iniciativa impulsada por el Govern a raíz de los 34 altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Gobierno entre los años 2011 y 2017. Se trata de una fórmula financiera compleja a través de la cual el gobierno catalán se convierte en el responsable final de la sanción astronómica solicitada por el Tribunal de Cuentas. Se reserva, eso sí, el derecho a reclamar la devolución íntegra del dinero avanzado si se acaba confirmando una sentencia firme.

La tramitación del proyecto de ley para la creación del fondo seguirá su curso al haberse rechazado por amplia mayoría la enmienda a la totalidad de Ciudadanos al instrumento financiero, que sólo ha recibido el apoyo del partido naranja durante el debate del proyecto realizado esta mañana al pleno del Parlament. El texto alternativo planteado por Cs quería evitar la "impunidad" y el "rescate" en aquellos que cometieron actos delictivos "gravísimos" contra el ordenamiento jurídico y que están procesados. La formación ha asegurado que con su alternativa querían proteger a los funcionarios pero no a los políticos que creen que "están por encima de la ley".

Giró defiende que es un instrumento ante la persecución

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha defendido la iniciativa, y ha recordado que cuenta con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias. Según Giró, se trata de una iniciativa para blindar una respuesta jurídica y política para restablecer la presunción de inocencia de los servidores públicos: "Es un mecanismo que permite garantizar el restablecimiento de la libertad de hacer acción política a Catalunya sin miedo, ante la persecución en servidores públicos para hacer su trabajo al servicio de los Gobierno y del país".

Para el conseller este decreto ley cobra ahora más sentido que nunca después de haber visto las consecuencias para los miembros del Govern y la expresidenta del Parlament después del 1-O, o bien por las acciones contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra. "Siempre seremos fieles a la defensa de nuestras instituciones y de la libertad y profesionalidad de los trabajadores públicos", ha sentenciado.

Desde el PSC, el diputado Joan Riba ha recordado que se trata de una cobertura "provisional" para todos los trabajadores públicos mientras no haya sentencia. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha dicho que el Govern "encontrará a la CUP" con la estrategia anti-represiva, mientras que desde los comunes, Juan Carlos Gallego ha avalado la medida a pesar de lamentar la "mala gestión" del Govern. Con respecto a Vox, el diputado Andrés Bello, ha manifestado su indignación con la iniciativa y ha acusado el independentismo de "robar". A su vez, Alejandro Fernández (PPC) ha criticado que se pongan las instituciones y sus recursos "al servicio de los malversadores".

10 millones de euros iniciales

El Fondo nace con una aportación inicial de 10 millones de euros y se actualizará anualmente en función de las necesidades y liquidaciones que se hayan efectuado. Mientras no se constituya la entidad gestora del fondo, la gestión la asumirá provisionalmente el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Los trabajadores públicos podrán solicitar esta cobertura siempre que no exista una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones, que el riesgo no se encuentre cubierto por ninguna póliza de seguro suscrito por la Generalitat y que la Generalitat no haya iniciado acciones contra la persona afectada.

En la imagen principal el conseller de Economía, Jaume Giró, en el pleno del Parlament de esta semana / Sergi Alcàzar