Final de trayecto. El mandato de Rafael Ribó al frente de la Sindicatura de Greuges está cada vez más cerca. Y es que este jueves, el Parlament ha celebrado un pleno específico para culminar la elección de la figura que lo releva: la jurista Esther Giménez-Salinas. Con todo, una sustitución que solo ha sido posible, con un retraso de varios años, en el marco de los acuerdos a que llegaron hace unos meses el PSC, ERC y Junts para renovar las cúpulas de los principales órganos de designación parlamentaria. Después de un largo proceso, ya llega la luz al final del túnel. La votación de este jueves ha acabado aprobándose con los 91 votos favorables de los tres partidos, y ya solo queda para hacer un acto de toma de posesión, en que previsiblemente tendrá lugar durante el mes de julio, para hacer efectivo el relevo y empezar así una nueva etapa, la primera con una mujer al frente de la institución.
Esta votación se produce después de todos los pasos previos reglamentados. Giménez-Salinas no ha tomado la palabra, pero sí que lo hizo la semana pasada en la Comisión de la Sindicatura de Greuges, que avaló su candidatura con los votos a favor de PSC, ERC y Junts, los mismos partidos que la propusieron después de acuerdo una renovación de los cargos caducados. En aquella comparecencia, quién será la nueva síndica de Greuges, explicó su trayectoria como vocal del Consejo General del Poder Judicial, directora del Centro de Estudios Jurídicos y rectora de la Universidad Ramon Llull. También se proclamó defensora de una "justicia restaurativa", y defendió que la eficacia no puede abandonar nunca las garantías y la justicia restaurativa en que la víctima sea el centro: "La justicia escucha muy poco. La justicia decide y escucha poco", señaló, y detalló que quiere introducir este concepto de justicia a la Sindicatura de Greuges.
Mientras llega Esther Giménez, se marcha Rafael Ribó. Y lo hace después de 18 años al frente de la Sindicatura de Greuges. Históricamente vinculado al PSUC, y posteriormente a Iniciativa por Catalunya, aterrizó en la oficina de la Sindicatura de Greuges en el 2004, después de años ejerciendo de diputado al Parlament. Su etapa ha sido marcada especialmente por su acercamiento al movimiento independentista, con la defensa del derecho a decidir y la lucha contra los excesos del Estado. Un ejemplo, de hecho, se vivió ayer mismo, cuando el síndico presentó su informe sobre el CatalanGate para acabar concluyendo que el espionaje a una sesentena de personalidades vinculadas al independentismo había vulnerado derechos básicos de las víctimas "sin restricciones ni control". Ahora bien, en la otra cara de la moneda está la mancha oscura que ha dejado la investigación contra Ribó por un presunto delito de soborno en el viaje a la final de Campeones del 2015, un caso que acabó, eso sí, archivado.
El debate en el Parlament
A diferencia de la candidata, los partidos sí que han tenido la oportunidad de justificar su posicionamiento. Por su parte, el PSC ha subrayado los "méritos profesionales" de Giménez-Salinas. "Dudo de que ningún grupo pueda cuestionar su idoneidad", ha lanzado, y lo ha advertido que tiene ante retos, como fortalecer la Sindicatura y acercarla a la ciudadanía. Desde de ERC, han manifestado que comparten "muchos puntos de vista con ella", y han celebrado que sea una mujer. "La justicia está marcada por la cultura masculinizada y es importante feminizar las instituciones". Y Junts ha querido poner de relieve la tarea de Rafael Ribó, con 13.000 quejas el año pasado, de las cuales el 98% fueron atendidas, mientras que también le ha hecho una recomendación: "La síndica no tiene que complacer los poderes públicos, sino que tiene que hacer de carcoma".
Por otra parte, desde la oposición, la CUP ha destacado su "currículum relevante", pero ha subrayado algunos elementos que la descalifican, como sus vínculos con el Banco de Santander, el Consejo General del Poder Judicial y Endesa. "Generan dudas porque tendría que estar en contra de los intereses del capital". Los comuns también han remarcado la necesidad de enfrentarse a los poderes económicos, y han remarcado que el pacto entre PSC, ERC y Junts les obliga a votar en contra porque "las formas son importantes y no se han utilizado los mejores procedimientos". Y desde la derecha españolista, Vox ha reclamado suprimir el órgano por la "duplicidad" con el Defensor del Pueblo y el "despilfarro" que supone para los presupuestos; Ciutadans ha advertido a Giménez-Salinas que tendrá difícil recuperar la confianza de la gente después de que Rafael Ribó haya servido de "socio" del independentismo; y el Partido Popular también ha aprovechado para cargar contra el actual síndico, acusándolo de ser "una extensión del Gobierno separatista".