El Parlament ha aprobado este miércoles el proyecto de ley para la creación de un fondo complementario de riesgos, una norma liderada por el conseller de Economía, Jaume Giró, que tiene como objetivo proteger a todos los servidores públicos y hacer frente a las reclamaciones judiciales o administrativas a trabajadores y altos cargos, una iniciativa impulsada por el Govern a raíz de los 34 altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Govern entre los años 2011 y 2017. Se trata de una fórmula financiera compleja a través de la cual el Govern catalán se convierte en el responsable final de la sanción astronómica solicitada por el Tribunal de Cuentas. Se reserva, eso sí, el derecho a reclamar la devolución íntegra del dinero avanzado si se acaba confirmando una sentencia firme. La creación de la ley, que se ha votado separando el primer apartado del dictamen del resto del texto, principalmente ha recibido en su totalidad el apoyo de los tres partidos independentistas, y parcialmente del PSC y comuns, mientras que los partidos de la derecha han votado en contra.
La intervención inicial ha sido del conseller de Economía, Jaume Giró, que ha reivindicado que es una norma para que los servidores públicos puedan trabajar sin miedo", para garantizar que la acción política se pueda llevar a cabo en libertad y desde las convicciones propias de cada uno, y no desde la amenaza y la indefensión: "El disolvente más fuerte contra la democracia y las libertades es el miedo. El miedo es el argumento ilegítimo que utilizan los regímenes totalitarios para aplastar la iniciativa personal e impedir la oposición y la crítica por parte de los ciudadanos", ha apuntado Giró, que ha dicho que esta norma será un andamio exterior que permita que la política sea posible en el Parlament de Catalunya: "Es una ley extraordinariamente importante", ha reivindicado, asegurando que es una ley metapolítica, ya que permite que la política sea posible.
Además, Giró ha recordado que el próximo lunes el Tribunal de Cuentas se tiene que pronunciar sobre los recursos presentados por las defensas contra la decisión de rechazar los avales públicos del Institut Català de Finances para afrontarlas. En este sentido el conseller ha dicho que está convencido de que los avales serán aceptados porque siempre ha creído que se acabará imponiendo el sentido común. Ahora bien, si no es así, ha sido rotundo: "Pase lo que pase, esta ley persistirá, y será un instrumento que nos permitirá, a todos nosotros y a cualquier servidor público del futuro, trabajar y servir al país con la confianza y con la libertad de un país democrático".
10 millones de euros
Así pues, este miércoles el pleno ha aprobado este proyecto de ley, que proviene de un decreto ley, sobre el cual dictaminó el Consejo de Garantías Estatuarias y que el pleno validó y acordó tramitar como proyecto de ley el mes de julio, y volvió a avalar el mes de octubre. Este fondo nacerá con una dotación inicial de 10 millones de euros y se tendrá que actualizar anualmente en función de las necesidades y liquidaciones que se hayan efectuado.
El fondo lo gestionará provisionalmente el Institut Català de Finances y para acogerse hará falta solicitarlo acreditando, entre otras condiciones, que todavía no hay una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas. El proyecto, además, establece una "obligación de retorno" si se produce un pronunciamiento judicial firme después de haberse acogido y una vez agotadas todas las vías jurisdiccionales.
Intervenciones de los grupos
El diputado de Junts Joan Canadell —que ha sido poniente redactor— ha insistido en la necesidad de proteger a los servidores públicos con este fondo, "dado que actualmente se excluye la cobertura de determinados riesgos, como en el caso de las actuaciones del Tribunal de Cuentas", lo cual genera vulnerabilidad, y ha defendido la creación para hacer frente a "posibles siniestros". Desde ERC Juli Fernàndez ha defendido que este fondo garantizará el ejercicio de la política a pesar de la existencia de un poder judicial "ideologizado que es cautivo de la derecha y la ultraderecha".
Jordi Riba, del PSC, ha querido matizar que la ley pretende restablecer esta cobertura a los trabajadores y no luchar contra "una supuesta represión del Estado". Joan Carles Gallego (comuns) ha pedido abordar la creación teniendo en cuenta los objetivos de esta y no los motivos por los cuales se ha llevado a cabo, unos objetivos que ha reivindicado que pasan por dar cobertura a los trabajadores públicos al margen de presiones internas. La cupaire Eulàlia Reguant, por su parte, ha criticado que el Tribunal de Cuentas sea un organismo endémico que decide arbitrariamente qué son gastos por acción exterior y qué no.
Desde la bancada de la derecha Antonio Gallego, de Vox, ha censurado que el fondo sea para cubrir las espaldas de los "golpistas"; Nacho Martín Blanco (Cs) ha dicho que es un fraude de ley porque rescata a políticos que atentan contra el ordenamiento jurídico, y Lorena Roldán, del PP, ha declarado que poner este fondo en manos de los independentistas es como "dar una cerilla a un pirómano".