El Parlament ha cerrado el curso esta noche aprobando el decreto ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos con que el Govern ha cubierto los avales de exaltos cargos ante el Tribunal de Cuentas. El decreto ha sido aprobado con los votos a favor, de ERC, Junts y la CUP, la abstención de PSC y los comunes y el no de Vox, Cs y PP. En total, 74 votos a favor, 41 abstenciones y 19 votos en contra. Ha sido el último capítulo de una tortuosa tramitación en qué el Fondo y la conselleria de Economia que encabeza Jaume Giró ha tenido que superar las tensiones entre los socios de Govern y dentro de la junta del ICF, además de recoger el aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries.
El conseller Jaume Giró recibe la felicitación de los diputados independentistas y de la presidenta del Parlament, Laura Borràs / Sergi Alcàzar
El debate se ha celebrado, además, después de una larguísima espera de seis horas en que el pleno ha tenido que quedar suspendido mientras el Consejo de Garantías Estatutarias cerraba y hacía llegar su informe sobre el decreto al Parlament. El informe había sido reclamado por PSC, Cs y PP y no era vinculante, pero sí imprescindible para poner en marcha el debate.
Finalmente a las cinco y media de la tarde ha llegado el informe a la Cámara, con seis conclusiones en que de manera unánime todos los miembros del Consell de Garanties avalaban el decreto de la conselleria de Economía y planteaban algunas recomendaciones.
Giró carga contra Vox y Cs
A las siete de la tarde se ha reanudado el pleno que había quedado suspendido a la una del mediodía. El conseller de Economia, Jaume Giró, se ha encargado de defender el decreto de su departamento, con el cual, ha asegurado que el Govern avala la presunción de inocencia y disminuirá la represión contra la legítima acción política en Catalunya. Giró ha cargado de manera particular contra Vox y Ciutadans, a los cuales, entre aplausos de los diputados independentistas, ha acusado de subcontratar su trabajo a los Tribunales y la Fiscalía, después de que los dos grupos han llevado el decreto al TSJC y a la Fiscalía, respectivamente.
A pesar de estos reproches, los dos partidos han insistido en sus advertencia contra el Govern. "Sólo en las repúblicas bananeras molestan los tribunales", ha replicado el portavoz de Vox, Juan Garriga, mientras que el presidente del grupo de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha pronosticado que los responsables del Govern se sentarán en el banquillo de los acusados si el dinero público sirve para pagar las responsabilidades de los encausados por el Tribunal de Cuentas.
Abstención de PSC y comuns
El PSC ha explicado su abstención recogiendo las conclusiones del informe pero al mismo tiempo mostrando las críticas por la forma como se ha aplicado el decreto y el papel que ha tenido que asumir el ICF. Un argumento similar han expuesto los comunes, que han reprochado la "persecución política" contra los cargos y miembros del Govern que ejercían sus competencias y ha acusado al Tribunal de Cuentas de poner piedras al diálogo. La posición de estos grupos, en particular la del PSC, ha sido objeto de las críticas de Ciutadans y PP.
Los reproches han llegado también de la CUP que a pesar de apoyar el decreto ha advertido que el Govern había actuado demasiado tarde.
La aprobación del decreto y el informe del Consell de Garantías que avala el Fondo llega en el momento en que el Tribunal de Cuentas después de cuestionar los avales del ICF ha pedido a la Abogacía del Estado un informe al respecto.
El Instituto Catalán de Finanzas avaló las fianzas de 29 de los 34 encausados a los cuales el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones por promover el procés con la acción exterior del Gobierno entre los años 2011 y 2017. Entre los encausados figuran los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, y los consellers Francesc Homs, Andreu Mas Colell y Raül Romeva.
En la imagen principal, el conseller Jaume Giró y el presidente, Pere Aragonès, se saludan al acabar la intervención del responsable de Economía / Sergi Alcàzar